La investigación surgida por la adjudicación de contratos a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) para el programa Piso y Techo del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) dejó al descubierto que funcionarios de ambas entidades sabían que las empresas beneficiadas con contratos no tendrían experiencia para desarrollar estos trabajos y que supuestamente cobraban sin haber entregado la mercancía. Este hecho habría producido una lesión patrimonial de $1.5 millones.
Así lo revela la vista fiscal que la Fiscalía Segunda Anticorrupción envió al Juzgado Decimoquinto Penal el pasado 24 de febrero de 2017, en la que pidió juicio para el ex secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli, Adolfo Chichi De Obarrio; la exministra de Vivienda Yasmina Pimentel; el comerciante Juan Carlos Marciaga y otras ocho personas.
El documento dice que De Obarrio habría permitido la malversación de fondos públicos al adjudicar compras a empresas de Juan Carlos Marciaga, compañías que de acuerdo con la Contraloría no tenían experiencia en asuntos de transportes, servicio para el que fueron contratadas.
Se destaca que la mercancía por la que se pagó no fue entregada a los supuestos beneficiarios del programa.
El documento también deja en evidencia que las compañías de Marciaga fueron beneficiadas con los contratos del PAN “por instrucciones precisas” de Adolfo Chichi De Obarrio, quien no ha comparecido al proceso y mantiene una alerta roja de Interpol.