UN CASO DE LA DICTADURA MILITAR

Tras 48 años del crimen de Gallego, discrepancias sobre los acuerdos

Tras 48 años del crimen de Gallego, discrepancias sobre los acuerdos
Tras 48 años del crimen de Gallego, discrepancias sobre los acuerdos

En medio del 48 aniversario de la desaparición física del sacerdote Héctor Gallego, a manos de miembros de la entonces Guardia Nacional, agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura discrepan sobre un acuerdo de reparación económica con el Estado panameño.

El Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos de Chiriquí (Cofadechi) firmó el 4 de junio un acuerdo de solución amistosa con el Estado, que incluiría una reparación económica, pero el Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá Héctor Gallego (Cofadepa HG) exige que se añadan más puntos a ese acuerdo.

Mantienen la esperanza tras 48 años de la desaparición de Héctor Gallego

Hoy, cuando se cumplen 48 años de la desaparición física del sacerdote colombiano Héctor Gallego a manos de miembros de la entonces Guardia Nacional, aún no existe certeza del posible paradero de su restos.

La conmemoración de la desaparición física de Gallego coincide este año con la firma de un acuerdo de reparación económica entre algunos familiares de víctimas y desaparecidos de la dictadura militar con el Estado panameño.

A pesar de este acuerdo de reparación económica, no existe, a la fecha, condenas judiciales para los responsables de muchas de las desapariciones.

El sacerdote Conrado Sanjur, del Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá Héctor Gallego (Cofadepa HG), explicó que hoy en Santa Fe, Veraguas, en donde Gallego llevaba su misión pastoral al momento de su desaparición, habrá una caminata desde las afueras del pueblo hasta la iglesia, a las 10:00 a.m. se oficiará una misa y luego habrá un acto de recordación de Héctor Gallego en la cooperativa La Esperanza de los Campesinos.

Tras 48 años del crimen de Gallego, discrepancias sobre los acuerdos
Tras 48 años del crimen de Gallego, discrepancias sobre los acuerdos

Sanjur destacó que estos actos son un reconocimiento a la labor social que desarrolló Héctor Gallego en la población de Santa Fe, de su empeño porque los campesinos de la región pudieran tener una mejor condición de vida en una época de abandono por los gobiernos de turno.

Durante la conmemoración también se realizarán actividades de índole cultural por parte de los residentes del lugar como un tributo a la memoria del sacerdote colombiano.

Sanjur reconoció que en estos 48 años ha existido una “absoluta” falta de voluntad política por parte de las autoridades judiciales y los gobiernos para esclarecer de forma meridiana lo ocurrido aquella noche del 9 de junio de 1971.

Alegó que en torno a la desaparición de Gallego y la ubicación de sus restos se montó toda una estrategia de ocultamiento de la información y además se le negó a sus familiares la posibilidad de saber lo ocurrido con el sacerdote.

El año pasado, Edilma Gallego -hermana del sacerdote- reveló que un grupo de restos óseos encontrados en 1999 en el área del antiguo cuartel de Los Pumas de Tocumen corresponderían a los del sacerdote colombiano.

Edilma Gallego confirmó que recibió información de fuentes oficiales que señalaban que las pruebas de ADN hechas a los restos encontrados en Tocumen se correspondían con las muestras tomadas a la familia del sacerdote.

Pese a estas informaciones, aún se desconoce una versión oficial si el grupo de estos restos óseos pertenecen al sacerdote.

Tras 48 años del crimen de Gallego, discrepancias sobre los acuerdos
Tras 48 años del crimen de Gallego, discrepancias sobre los acuerdos

Mantienen esperanza

“No perdemos la esperanza de que surja un poco de luz sobre la desaparición de Héctor Gallego, es la luz que va adelante marcando el camino para los campesinos”, aseguró el padre Sanjur.

A su juicio, el sistema de represión militar que se instaló en esa época trató de acallar la voz de aquellos que buscaban un poco de justicia social, y prueba de ello fueron los muertos y desaparecidos registrados entre 1968 y 1989, para quienes aún hoy sus familiares reclaman justicia.

Cuando se cumplieron los 22 años de la desaparición del sacerdote, el teniente coronel Nivaldo Madriñán, último jefe de la Policía del régimen de Manuel Antonio Noriega; el subteniente Melbourne Walker y el capitán Eugenio Magallón fueron declarados culpables por el Tribunal de Justicia en Penonomé, y condenados a 15 años de prisión. Magallón fue condenado en calidad de prófugo.

Reparación

El pasado 4 de junio de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo pública la firma de un acuerdo de solución amistoso en el caso 13.017 C. Las partes del acuerdo del 23 de mayo de 2019 son los Familiares de Víctimas de la Dictadura Militar de Panamá de octubre de 1968 a diciembre de 1989, el Comité de Familiares Asesinados y Desaparecidos de Chiriquí (Cofadechi) y el Estado de Panamá.

El 23 de octubre de 2003, la CIDH recibió una petición contra el Estado panameño de familiares de víctimas de la dictadura militar, tras acontecimientos ocurridos en Panamá entre los años 1968 y 1989.

Tras 48 años del crimen de Gallego, discrepancias sobre los acuerdos
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En la petición se alegaba que en un contexto de violencia y abuso de poder que habría imperado durante la dictadura militar instaurada en Panamá desde el 11 de octubre de 1968 hasta el 20 de diciembre de 1989, un grupo de 109 personas habrían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas, presuntamente atribuibles a elementos de las fuerzas de seguridad del Estado.

En octubre de 2015, la CIDH emitió un informe de admisibilidad de la petición y se dispuso la creación de una mesa de entendimiento en la que participaban funcionarios de la Cancillería de Panamá y familiares de las víctimas.

Durante este período, la Comisión informó que facilitó reuniones de trabajo y videoconferencias con las partes y brindó asesoría técnica para avanzar en el diseño del acuerdo de solución amistosa.

El acuerdo se materializó con la firma, el pasado 23 de mayo de 2019, en un acto que contó con la participación de autoridades panameñas, 66 familiares de las 15 víctimas y la presencia virtual de la comisionada Flávia Piovesan, en su calidad de Relatora de País. Piovesan, en un comunicado, indicó que “el Estado panameño ha avanzado con la firma de este acuerdo en la construcción de una política pública de soluciones amistosas y cumplimiento de lo pactado en dichos acuerdos”. Al tiempo que instó al Estado “a que inicie la ejecución de las medidas de reparación incluidas en este acuerdo de solución amistosa, y en particular la medida del acto de reconocimiento de responsabilidad a la brevedad”.

Insatisfacción

Sin embargo, el acuerdo de Cofadechi no alcanza a la totalidad de los familiares de víctimas de la dictadura militar, entre ellos, a los agrupados en Cofadepa HG, en su mayoría personas desaparecidas en las provincias de Panamá y Coclé.

Fuentes ligadas a familiares de las víctimas, agrupadas en Cofadepa HG, expresaron que mantienen conversaciones con representantes del Estado panameño para lograr asuntos más allá del resarcimiento económico y que el Estado pida perdón.

Algunas víctimas de Cofadepa HG demandan la creación de una fiscalía especial que investigue los casos de desaparecidos, la inclusión de un pénsum académico en las escuelas secundarias en la que se instruya a los jóvenes sobre la referencia histórica de los casos de los desaparecidos, así como la construcción de un monumento en memoria de las víctimas de la dictadura militar.

 

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