La decisión de una jueza de ordenar la libertad inmediata del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, en arresto domiciliario desde el pasado 3 de agosto, será apelada.
Así lo anunció ayer el senador y líder del partido Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, quien actúa como víctima en el proceso que se lleva contra Uribe por la presunta manipulación de testigos.
Cepeda dijo que respeta la decisión judicial, mas no la comparte.
En una audiencia pública virtual, la jueza de garantías Clara Salcedo dejó sin efecto la medida contra el exmandatario (2002-2010) por pedido de la defensa y con el apoyo de la fiscalía.
“Gracias a Dios”, celebró el exmandatario en mensaje de Twitter tras conocer la decisión.
La Corte Suprema había ordenado la detención del entonces también senador por los delitos de soborno y fraude procesal.
Sin embargo, Uribe renunció al escaño que ocupaba en el Senado desde 2014, con lo que el expediente pasó a un juzgado de garantías que revocó el arresto domiciliario y lo dejó defenderse en libertad.
Con 68 años de edad, Uribe es el jefe natural del Centro Democrático, el partido en el poder, y mentor del presidente Iván Duque.
El exmandatario terminó enredado en un giro insospechado de la justicia. En 2012 presentó una denuncia contra el senador opositor Cepeda, por un supuesto complot en su contra apoyado en testimonios falsos.
Pero la Corte Suprema se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y, en cambio, decidió abrir en 2018 una investigación contra el expresidente bajo la misma sospecha: manipular testigos contra su opositor.
La jueza dijo que al pasar de sistema el proceso, la investigación quedó en manos de una fiscalía que debe adelantar las pesquisas que le permitan llegar a la decisión de imputar o no cargos a Uribe. Agregó que no se le puede pedir a la fiscalía un escrito de acusación cuando apenas está conociendo el caso.
El fiscal a cargo es Gabriel Jaimes Durán. El caso prosigue en la justicia ordinaria.
“Nos parece muy grave que el señor fiscal Gabriel Jaimes haya desarrollado un libreto político en esta actuación. Es evidente su parcialidad y, por lo tanto, consideramos que no hay ninguna garantía para los derechos de las víctimas en este proceso”, dijo Cepeda, según recogió el diario El Tiempo en su versión digital.