En manos del próximo gobierno quedó ahora la posibilidad de reformar la Constitución a través de una constituyente.
El plazo que tenía la Asamblea Nacional para aprobar el proyecto de ley que permitía adicionar una papeleta en las elecciones de mayo para consultarle al pueblo si quería o no la constituyente venció el pasado martes.
La Comisión de Gobierno del Legislativo no consideró esa iniciativa, entre otras cosas, porque sus diputados culpan al Ejecutivo de presentarla tarde. Ayer, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, informó que es “humanamente imposible” incluir la papeleta. “El gobierno que el pueblo elija el 5 de mayo tendrá la responsabilidad de decidir si convoca a una reforma constitucional”, manifestó.
Al calor del torneo político, los candidatos presidenciales hablan de reformas al Estado, y algunos ponen la constituyente como mecanismo.
Los independientes Ricardo Lombana y Ana Matilde Gómez, al igual que el panameñista José Blandón abogan por esa figura. Saúl Méndez, del Frente Amplio por la Democracia, propone una originaria. Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático; Rómulo Roux, de Cambio Democrático; y Marco Ameglio, de libre postulación, no han precisado sobre cómo reformar la carta magna.
La constituyente y las promesas de campaña
La pregunta de si el Estado necesita una reforma institucional parece cada vez más retórica, a pesar de que los candidatos presidenciales mencionan en diferentes instancias y ante diversas audiencias la necesidad de una “profunda reforma del Estado”, desde que se comenzó a definir el panorama político para las elecciones del próximo 5 de mayo.
Para algunos, la reforma a la Constitución es un componente clave de su propuesta de gobierno. Otros están al margen y hasta se abstienen de mostrar una postura clara sobre el tema. También están los que no consideran que esa sea la manera de solucionar los problemas del Estado.
La carta magna, en tanto, define las vías para hacer las reformas.
Posturas
Ricardo Lombana, independiente, y José I. Blandón, del Partido Panameñista, aseveran que un proceso constituyente sería prioridad en su gobierno. Lombana dice que su movimiento “cree en una constituyente”, y que esta es uno de los pilares de su plan. Sustenta que la consulta popular legitimaría el proceso.
Blandón también considera que el cambio constitucional debe ser a través de una asamblea constituyente. En varias ocasiones ha asegurado que reformas a través de dos asambleas no son viables. “Con la Asamblea que tenemos, con los diputados que tenemos, no va a haber esa voluntad política para esos cambios profundos que el Estado requiere”, argumentó en el foro Visión 2019, de Martes Financiero. De asumir la Presidencia, asegura, en la primera semana convocaría a un referéndum para que el pueblo decida y, de resultar a favor, le seguiría la elección constituyente.
Ana Matilde Gómez, independiente, afirma que apoya “totalmente” la constituyente. Incluso dice que “no hay que temerle”. Lo considera un “proceso participativo que tiene que ser incluyente” y uno para el que “el país está listo”.
Saúl Méndez, del Frente Amplio por la Democracia, durante su intervención en Visión 2019 hizo énfasis en la “asamblea constituyente originaria”. Según Méndez, debe incluir a los sectores “excluidos” de la sociedad.
El candidato del Partido Revolucionario Democrático, Laurentino Nito Cortizo, tiene una posición ambigua sobre el asunto.
Cuando el pasado 2 de enero el presidente Juan Carlos Varela puso sobre la mesa la posibilidad de consultarle al pueblo sobre si quiere o no una constituyente, llamó la acción como “maniobra electorera” y un “acto irresponsable”. Se abstuvo de decir por qué vía se deberían hacer los cambios. Ha dicho que la estrategia que se elija debe ser la que traiga menos “turbulencia social y económica”.
Rómulo Roux, de Cambio Democrático (CD), tiene una posición similar, aunque en ocasiones ha dicho que se inclina por cambios constitucionales a través de dos asambleas. Pero esta premisa no figura como una de sus promesas concretas de campaña. Cuando el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley que propone incluir la papeleta adicional en las elecciones del 5 de mayo, se proclamó el “líder del no” e instó a los diputados de CD a votar en contra.
Marco Ameglio, candidato por la libre postulación, califica la posibilidad de convocar a una constituyente de “irresponsable”. Además, opinó que la medida “es más pregunta que respuesta”. Se inclina por un “diálogo nacional para lograr un entendimiento entre todos los sectores”.
Sin posibilidad
Mientras, el magistrado presidente del Tribunal Electoral (TE), Heriberto Araúz, dio a conocer ayer que es “humanamente imposible” que el TE incluya una papeleta adicional en las elecciones del 5 de mayo próximo. Lo anterior, porque el pasado 5 de febrero venció el plazo que tenía la Asamblea Nacional para aprobar el proyecto de ley que ordena incluir la papeleta.
Explicó que en los próximos días imprimirán las boletas que serán utilizadas en los comicios. “Ya los tiempos no nos dan”, afirmó.
La constituyente no es la quinta papeleta
La iniciativa del Órgano Ejecutivo de incluir una quinta papeleta en la elección general del 5 de mayo de 2019, para consultar sobre el llamado a una asamblea constituyente, murió sin debate en la Asamblea Nacional.
Está claro que una iniciativa de esta magnitud necesitaba más debate y más consenso. Al presentarla a mediados de noviembre, para ser debatida en sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional durante el mes de diciembre, casi que se le estaba condenando a la derrota.
Los diputados eran los encargados de aprobar la propuesta, cuya presunta intención era convocar a una asamblea constituyente para que, entre otros asuntos, cambiara la forma de elección de los diputados y limitara su poder. En otras palabras, la quinta papeleta era un harakiri.
Por mandato del Código Electoral, el Tribunal Electoral tenía un plazo fatal para incluir la quinta papeleta en las elecciones de 2019. Ese plazo se venció el pasado martes 5 de febrero. Ahora le quedan cuatro opciones a las propuestas de reforma constitucional.
La primera: que la Asamblea Nacional a partir del 6 de mayo apruebe un acto constitucional que contenga las reformas consensuadas, para que la Asamblea que tome posesión el 1 de julio también las apruebe. Este método se utilizó exitosamente en 1994 y en 2004.
La segunda: que la Asamblea Nacional apruebe en cualquier momento la convocatoria a una asamblea constituyente. Esto lo puede hacer tanto la Asamblea saliente como la entrante.
La tercera: consiste en que la nueva asamblea, ya sea por iniciativa propia o a propuesta del nuevo poder ejecutivo, apruebe las reformas y las someta a referéndum. Este método fracasó en 1992 y 1998.
La opción final la establece el artículo 313 de la Constitución que permite recoger firmas, por iniciativa ciudadana, a un equivalente al 20% del padrón electoral para convocar a una asamblea constituyente. Este proceso nunca se ha intentado y requeriría más de un año para que la asamblea constituyente se hiciera realidad.
