En las horas y días posteriores al 20 de diciembre de 1989, las tropas invasoras de Estados Unidos cumplieron una serie de tareas específicas en Panamá.
Una de estas fue la de recolectar documentos relacionados con las Fuerzas de Defensa y Manuel Antonio Noriega. Este trabajo recayó, principalmente, en la Brigada 470 de Inteligencia Militar.
El manejo de esa información pasó a formar parte de un trabajo conjunto entre varias agencias del Gobierno estadounidense bajo el liderazgo de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), llamado Interagency Document Exploitation Effort.
El 2 de enero de 1990, 24 horas antes de que Noriega se entregara a las tropas invasoras, la DIA emitió un informe sobre este trabajo al Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos.
En este informe se señala que entre el material incautado se encontraban “estados bancarios, registros de viaje de inmigrantes ilegales, inventarios de armas, documentos estadounidenses robados, papeletas de votación y reportes del G-2 sobre enemigos políticos”.
El trabajo de clasificación del material, según consigna el informe, “tardará todavía entre 30 y 90 días más” y su peso total puede llegar a las “50 toneladas”.
El 19 de enero de 1990, el juez estadounidense William C. Turnoff ordenó la realización de un inventario de lo hallado en las casas de Noriega (Rancho Solala/Altos del Golf), en sus oficinas en Amador y la Comandancia de avenida A, así como en su casa de playa, en Río Hato.
Aproximadamente un mes después se presentó un informe, en el que consta que en esos sitios se encontró, entre muchos papeles, una serie de tarjetas de crédito, slips de transacciones bancarias y movimientos financieros varios.
En otro informe del Departamento de Justicia, fechado el 16 de febrero de 1990 y relacionado con el caso que se le seguía al ex hombre fuerte de Panamá en el distrito sur de la Florida, se señala entre los hallazgos fotos, mapas y documentos administrativos, planes de seguridad y defensa e inventarios de armas. El documento pide que al Departamento de Justicia se le “proporcionen los nombres de los abogados interesados en tener acceso a estos documentos”.
El 23 de mayo de 1991, un nuevo informe de la Brigada 470 de Inteligencia Militar estadounidense, de unas 50 páginas, da cuenta de la clasificación, sin detallar, de miles de documentos. Son miles de cajas, pero no se les da una cifra precisa. Se ha dicho que son 15 mil. Así, hay unas 150 cajas con aparente material sobre la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) y cerca de 500 cajas con archivos del G-2 (inteligencia) de las Fuerzas de Defensa, entre otras.
EL ARCHIVO X
A finales de 1990, un representante de la defensa de Noriega vino a Panamá y descubrió un grupo de documentos supuestamente archivados aparte del resto, en el edificio 19 de Corozal.
Un informe con anotaciones hechas con bolígrafo daba cuenta de que esos documentos habían venido de alguna instalación de Amador, el 4 de enero de 1990. Se trataba en su mayoría de archivadores metálicos, algunos sin abrir.
En los que sí estaban abiertos, se encontró un informe sobre el levantamiento de octubre de 1989, resúmenes de inteligencia por zona militar, transcripciones de interrogatorios del G-2, “objetivos de inteligencia”, del G-2, material de la Cruzada Civilista, informes sobre las actividades militares de Estados Unidos en 1989, informes sobre embarques a través del Aeropuerto Omar Torrijos, etc.
Al parecer, los documentos permanecieron en Panamá la mayor parte de la década de 1990. Sin embargo, en algún momento antes del final de la salida definitiva de las tropas estadounidenses, en 1999, desaparecieron.
¿AÚN ALLÁ?
El 5 de octubre de 2011, cuando ya se sabía que Noriega volvería a Panamá, el diario Los Angeles Times publicó una nota sobre los “archivos de Noriega” que decía que en “fecha reciente” “el Gobierno estadounidense había confirmado” que esos documentos aún estaban en poder de Estados Unidos.
El autor de la nota era Douglas Cox, profesor de derecho en la Universidad de Nueva York, dedicado a la divulgación de material desclasificado, con larga experiencia en temas de defensa.
Según Cox, los documentos permanecen aún bajo custodia del Ejército Sur (rama del Comando Sur), en el fuerte Sam Houston, en San Antonio, Texas.
A juicio de Cox, no hay razón para que Estados Unidos retenga este material, pues “nunca admitió la invasión como un conflicto internacional” y no tendría derecho a retenerlo como “botín de guerra”.
Cox, a través de su blog, Document Exploitation (http://www.docexblog.com/p/docex.html) mantiene copias de las listas del material incautado.
El tema de las “15 mil cajas de documentos de Noriega” volvió a salir a relucir tras el regreso a Panamá del ex hombre fuerte, en diciembre pasado. Mientras su equipo legal mantenía el hermetismo sobre la estrategia a seguir frente a su situación jurídica en el país, el militar retirado Enrique Arrocha Rubio fue a expresarle sus respetos y apoyo a Noriega a la cárcel de El Renacer.
Rubio solicitó al Ejecutivo que reclame a su homólogo estadounidense las “más de 15 mil cajas” de información que fueron confiscadas por el ejército de ese país en la invasión de 1989, en las cuales, según él, está la verdad de la dictadura. En la contraparte, El Comité de Familiares de Desaparecidos Héctor Gallego (Cofadepa-HG) ha pedido que Noriega diga todo lo que sabe de los “crímenes que se cometieron durante la dictadura”. El comité, durante años también ha reclamado que se sepa la verdad del contenido de las “15 mil cajas”.
