El mayor juicio por corrupción y malversación en la historia del Vaticano arrancó ayer en una sala de los Museos Vaticanos con la comparecencia por primera vez de un cardenal como acusado, Angelo Becciu.
El purpurado, que ocupó el cargo de Sustituto de la Secretaría de Estado entre 2011 y 2018, es juzgado junto con un grupo de 9 acusados, entre empresarios y funcionarios de la Curia Romana.
En el primer día del juicio, el juez antimafia Giuseppe Pignatone, presidente de la sala, accedió a la demanda de la defensa de tener más tiempo y aplazó la siguiente sesión al 5 de octubre.
El tribunal deberá determinar si la Santa Sede fue defraudada por un grupo de empresarios o fue un sistema de corrupción interna liderado por jefes de la Iglesia.
Los acusados se enfrentan a varios años de prisión por fraude, malversación de fondos, extorsión, blanqueo de dinero y abuso de poder en un escándalo que incluye complicidades con el espionaje, paraísos fiscales y que ha generado un agujero de millones de euros en las cuentas vaticanas.
El caso además representa un reto para el papa Francisco, ya que revela el descontrol en las finanzas vaticanas y sacó a la luz los privilegios oscuros de varias entidades vaticanas. El uso imprudente de parte del dinero que cada año donan las iglesias del mundo para las obras de caridad del papa, también contribuyó al escándalo.
Entre los diez acusados, la mitad estaba al servicio del papa durante la compra de un lujoso edificio de 17 mil metros cuadrados en el distrito londinense de Chelsea.
La adquisición de ese edificio, a un precio mayor de su valor real, fue realizada a través de paquetes financieros especulativos, por medio de dos empresarios italianos residentes en Londres.
En 2013-2014, la Secretaría de Estado pidió prestados más de $200 millones (la mayoría al Credit Suisse) para invertir en el fondo luxemburgués “Athena” del empresario ítalo-suizo Raffaele Mincione.
El dinero fue prestado gracias a la reconocida solvencia del Vaticano. La mitad de la suma se destinó a la compra del 45% del edificio londinense y la otra mitad, a inversiones en la bolsa.
Mincione utilizó el dinero de la Iglesia para “operaciones especulativas”, entre ellas la compra de bancos italianos con problemas financieros, afirma la fiscalía.
La Santa Sede no tenía la capacidad para controlar tales inversiones, por lo que decidió, a finales de 2018, poner fin a esa alianza.
Para ello, la Santa Sede eligió como nuevo intermediario a Gianluigi Torzi, quien negoció la salida de Raffaele Mincione, indemnizándolo con $55 millones y modificando el acuerdo financiero para que el Vaticano finalmente se convirtiera en el único dueño del edificio.
Torzi a su vez tomó el control de la propiedad (a través de acciones con derecho a voto) y luego extorsionó a la Secretaría de Estado para obtener casi $18 millones por su salida, según la acusación del tribunal penal.
Los magistrados identificaron también a dos figuras que ayudaron a Mincione y a Torzi a entrar en las redes del Vaticano a cambio de dinero: Enrico Crasso, un empresario suizo, quien gestionó por décadas el dinero de la Secretaría de Estado, y Fabrizio Tirabassi, un funcionario laico de la Secretaría de Estado, a cargo de las inversiones, quien recibía además comisiones de los bancos por su intervenciones y era considerado la mano derecha del cardenal Becciu.
Al término de la primera audiencia, Becciu informó mediante un comunicado que esperaba con “serenidad” el juicio para demostrar su “inocencia”.
