La Asamblea Nacional aprobó, en tercer debate, el proyecto de ley 460, que concede una moratoria para el pago total de las cuotas obrero-patronales, las primas de riesgos profesionales y demás contribuciones de los empleados ante la Caja de Seguro Social (CSS).
Específicamente, la normativa establece un periodo de moratoria para el pago de las cuotas obrero-patronal y de los saldos de los convenios o arreglos de pago pactados con la CSS, así como el pago de las primas de riesgos profesionales y demás contribuciones adeudadas que se encuentren morosas, hasta el 30 de septiembre de 2020.
Durante el primer debate, el subdirector de la CSS, Francisco Bustamante, recomendó que la morosidad fuera aplicada solamente a la cuota obrero-patronal vencida, pero esto no fue incluido en las modificaciones.
Aida de Maduro, representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada en la junta directiva de la CSS, subrayó que el Seguro Social se sostiene en un 80% de los ingresos de la cuota obrero-patronal y, sin esos dineros, la situación podría agravarse dentro de la entidad.
“Nosotros mandamos una carta a la Asamblea pidiendo información del proyecto y aún esperamos respuesta. Nuevamente, nos encontramos a la Asamblea legislando sobre la Caja”, puntualizó la empresaria.
Moratoria, en la mira de directivos de la CSS
Como “confuso” y “sin un sustento financiero” describieron varios miembros de la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) el proyecto de ley 460, que concede una moratoria en el pago de la cuota obrero-patronal.
Directivos manifestaron que conocieron del tema de forma muy superficial, este jueves, durante la sesión ordinaria de la junta directiva, luego de enterarse por los medios de comunicación que la propuesta de ley fue aprobada en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional.
Al igual que como ocurrió con la aprobación del proyecto de ley 311, que unificó los servicios de salud, los directivos del Seguro Social tampoco fueron invitados a la discusión de la iniciativa.
Alfredo Macharaviaya, representante de los profesionales y técnicos de la salud en la junta directiva de la CSS, subrayó que no hay informes técnicos y económicos que sustenten esta moratoria.
“El problema es que si tenemos déficit actuarial en la Caja y problemas de liquidez en la recaduación, habría que ver el impacto de la propuesta de ley en las finanzas de la entidad”, puntualizó.
El contenido
Este proyecto, impulsado por los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Crispiano Adames y Benicio Robinson, fue presentado en la Asamblea el pasado 29 de septiembre.
En la exposición de motivos, el documento plantea que la iniciativa legislativa tiene a fin conceder una moratoria para el pago total de las cuotas empleado-empleador, las primas de riesgos profesionales y demás contribuciones de los empleados ante la CSS, a raíz de la situación que se vive a causa de la Covid-19.
Además, indica que a través de la Resolución No. 383-2020 de 3 de abril de 2020, el Seguro Social suspendió el cobro de multas, recargos e intereses, por el pago tardío de únicamente las planillas de los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2020, otorgando un alivio a las empresas afectadas por las consecuencias de la pandemia; sin embargo, a la fecha, esa entidad no ha concedido una “prórroga” a la moratoria, que ayude a las empresas que se han mantenido afectadas por la crisis.
Inicialmente, el proyecto de ley establecía un periodo de moratoria de 24 meses para el pago de las cuotas empleado-empleador y de los saldos de los convenios o arreglos de pago pactados con la CSS, así como el pago de las primas de riesgos profesionales y demás contribuciones adeudadas.
No obstante, durante la discusión en primer debate de la iniciativa legislativa, se estableció un periodo de moratoria para el pago de las cuotas obrero-patronal y de los saldos de los convenios o arreglos de pago pactados con la CSS, hasta el 30 de septiembre de 2020.
Recomendaciones
Además de los diputados de la Comisión de Salud, en el primer debate estuvo presente el subdirector de la CSS, Francisco Bustamante, quien manifestó que no tenía objeciones al proyecto de ley, pero que el plazo de 24 meses debe precisar que se refiere a la cuota obrero-patronal, así como otras contribuciones vencidas y morosas al 30 de septiembre del año 2020.
También sostuvo que la morosidad debe aplicarse solamente a la “cuota obrero-patronal vencida”, que no cuenta con arreglo de pago al 30 de septiembre de 2020, dado que los plazos que se otorgan en los arreglos de pago por la CSS exceden los 24 meses que otorgaba originalmente la propuesta de ley.
Por otro lado, recomendó que el empleador debe abonar por lo menos el 50% o la totalidad del descuento que le hacen a los trabajadores. Esto debido a que el dinero aportado por los trabajadores es “dinero ajeno” y puede interpretarse como una facilitación de su uso, por parte de los empleadores.
Tras esto, los diputados incluyeron ajustes al documento, en el cual se modificó el plazo de la moratoria, estableciéndose hasta el 30 de septiembre de 2020. También agregaron la forma en que se revoca el beneficio de la moratoria: por incumplimiento del pago de dos cuotas del arreglo de pago o en caso de que se realice algún pago o abono con cheques que sean devueltos por el banco. Ignoraron la sugerencia de Bustamante de aplicar la morosidad solo a la cuota-obrero patronal vencida.
Finalmente, el proyecto recibió segundo y tercer debate el 28 y 29 de octubre, respectivamente.
Frente a esto, Macharaviaya consideró que la Asamblea, en este tipo de normas, puede tener una buena intención, pero debe atender a las partes interesadas, sobre todo si la CSS está pasando un momento crítico.
A juicio de Aida de Maduro, representante del Conseno Nacional de la Empresa Privada en la junta directiva de la CSS, este proyecto es “confuso” porque no establece específicamente el tiempo de moratoria o cuándo hay que pagarla.
“No veo tan claro este proyecto. Si la moratoria es sobre los recargos pudiese ayudar al sector privado, pero si es en general de la cuota obrero-patronal, afecta las finanzas de la CSS”, destacó.
De Maduro dijo que el Seguro Social se sostiene en un 80% de los ingresos de la cuota obrero-patronal y, sin esos ingresos, la situación podría agravarse dentro de la institución, que atiende a ocho de cada 10 panameños y que paga las pensiones a los trabajadores.
“Nosotros mandamos una carta a la Asamblea pidiendo información del proyecto y aún esperamos respuesta. Nuevamente, nos encontramos a la Asamblea legislando sobre la Caja”, acotó.
Carlos Abadía, exministro de Salud, advirtió que la Ley 51 de 2005 ya regula el tema de la morosidad, por lo que no tiene sentido esta iniciativa.
En opinión de Abadía, lo primero que debieron hacer los diputados fue citar a la junta directiva de la CSS, antes de aprobar algo que “suena muy bonito”, pero que en la práctica se desconoce si la institución puede asumirlo.
Se consultó al director de la CSS, Enrique Lau Cortés, y manifestó que evaluaría la propuesta de ley, antes de emitir una opinión.