La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional dará trámite hoy a 7 de las 20 denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia que reposan en esa instancia legislativa, informó ayer su presidente, Jorge Iván Arrocha.
Entre las denuncias figuran cinco contra el presidente de la Corte, José Ayú Prado, interpuestas por el exjuez Juan Domingo Ibarra. Estos casos fueron analizados por la diputada perredista Zulay Rodríguez e incluidos en un informe presentado ante la comisión la semana pasada.
Ibarra –quien acusó al presidente de la Corte por la supuesta comisión del delito de abuso de autoridad– fue destituido como juez de Adolescentes de Colón, tras un proceso disciplinario iniciado a partir de una denuncia del propio Ayú Prado.
Según la diputada Zulay Rodríguez, en este caso Ayú Prado “violentó la independencia judicial e imparcialidad, toda vez que a Ibarra se le suspende del cargo, precisamente por esta denuncia y que el mismo magistrado, el 28 de julio de 2015, lo exime de responsabilidad penal (...)”.
Sobre el particular, Arrocha fue enfático en señalar que la decisión de admitir o no estos casos se tomará en consenso.
PIDEN RESPUESTAS
En tanto, luego de una reunión realizada el pasado lunes, varias organizaciones de la sociedad civil acordaron acudir hoy a la Comisión de Credenciales para que esta instancia rinda cuentas de las denuncias a magistrados que tiene engavetadas.
“Cada vez llegan más denuncias y no pasa nada. Queremos saber si las van a dejar engavetadas o van a ser analizadas. Queremos que se atiendan las denuncias, en especial las denuncias contra el actual presidente de la Corte”, dijo Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana pro Justicia.
Castillo indicó que conocen del informe presentado por Rodríguez sobre las acusaciones de Ibarra y “definitivamente que estamos en presencia de un caso de abuso de autoridad del magistrado de la Corte”.
Frente a las exigencias de la sociedad civil, Arrocha acotó que la revisión de expedientes se hará de forma imparcial, “basados en el debido proceso”.
Afirmó que en la Comisión de Credenciales se administra justicia, como se hace en cualquier otro despacho penal, y no tomará decisiones por presiones. “Vemos que sobre 20 expedientes hay interés de que se abran investigaciones de manera mediática (...) no estoy para defender a ningún magistrado, pero no me puedo prestar para temas mediáticos y abrir investigaciones contra magistrados sin tener elementos objetivos”, dijo.
LOS CASOS DE AYÚ PRADO
Además de las denuncias de Ibarra, Ayú Prado tiene otra querella interpuesta por el dirigente sindical Mariano Mena en 2011, fecha cuando era procurador de la Nación.
La denuncia, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y contra la fe pública en perjuicio de la administración pública surgió luego de que Ayú Prado supuestamente ordenara y realizara la destrucción de documentos e información de la investigación en el caso del hackeo al correo electrónico del entonces ministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu.
Otras seis denuncias contra el presidente de la Corte fueron presentadas entre el 18 de enero y el 27 de febrero de este año, días después de las declaraciones del magistrado Harry Díaz sobre corrupción, bandos políticos entre magistrados y la intromisión del Ejecutivo en el Judicial durante la administración del presidente Ricardo Martinelli (2009-2014).
Una de ellas fue presentada por la Alianza Ciudadana pro Justicia el 27 de enero pasado e incluye a Hernán De León y Luis Ramón Fábrega, para que se investiguen “los excesivos gastos en viajes al extranjero y viáticos gastados por estos magistrados”.
Otro que acumula casos en el Legislativo es el magistrado Harry Díaz. Contra él hay nueve expedientes: cuatro presentados antes de sus declaraciones sobre corrupción en el Órgano Judicial el pasado 14 de enero y las cinco restantes después de ese episodio.
Una de las denuncias fue interpuesta por el abogado Héctor Castillo Ríos por la supuesta comisión de delitos contra la administración de justicia en la modalidad de encubridor.
Sus colegas Ayú Prado, De León y Fábrega también lo denunciaron, el 20 de enero de 2016, por supuestas “faltas a las normas de transparencia e integridad en la gestión judicial”.
Los otros magistrados con denuncias por supuestamente haber cometido delitos son Jerónimo Mejía, Fábrega, De León, Oydén Ortega y Abel Zamorano (suplente del destituido Alejandro Moncada Luna).