El Juzgado Decimoquinto Penal inició ayer la audiencia por la presunta comisión del delito de peculado a los exministros Federico Suárez, Lucy Molinar, al exdirector del antiguo Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli, al empresario Rubén De Ycaza y al exfuncionario Ángel Famiglietti en perjuicio de esa entidad por la suscripción de un contrato de $ 44.9 millones para el suministro de comida deshidratada.
La audiencia se inició con el testimonio de los peritos de la Contraloría General de la República encargados de elaborar el informe de auditoría en el que se sustentó la fiscalía para solicitar el llamamiento a juicio.
El fiscal anticorrupción de descarga Adecio Mojica aseguró que el informe de auditoría hecho al contrato entre el PAN (hoy Dirección de Asistencia Social, DAS) y Lerkshore International Limited, empresa a la que se le adjudicó el el suministro de comida deshidratada en el año 2010, reveló serias irregularidades en su adjudicación.
Mojica aseguró que el informe tiene un recuento detallado de las anomalías que se dieron en el proceso de adjudicación del contrato.
Durante el juicio los peritos fueron cuestionados por Abilio Batista, abogado de la exministra Lucy Molinar, quien cuestionó si el contrato había sido hecho conforme a las normas de contratación pública y si su contenido había sido revisado jurídicamente.
Los peritos adujeron que el contrato sufrió revisión por parte del departamento de asesoría legal de la Contraloría y que sí había cumplido con las normas de contratación pública.
Durante el interrogatorio también se les cuestionó sobre el método de análisis usado para la elaboración del informe de auditoría y sobre si en el informe final se había adjuntado toda la documentación usada en su análisis.
El juicio se produce luego de que en diciembre de 2018 el Segundo Tribunal de Justicia revocara el sobreseimiento dado por el juez décimoquinto penal Leslie Loaiza.
En esa ocasión el tribunal decidió llamar a juicio a Molinar, Suárez, Familigliti y De Icaza.
En este caso Loaiza solo había dictado auto de llamamiento al exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli y al exsecretario privado del exmandatario Ricardo Martinelli, Adolfo Chichi de Obarrio.
De Obarrio no ha comparecido al proceso y en su contra se dictó una orden de captura a través de Interpol.
Este es el segundo contrato que es objeto de una investigación judicial por la compra de comida deshidratada a través del PAN.
El Juzgado Decimosexto Penal lleva un segundo proceso por esta causa por un contrato por un monto de $14.1 millones.
Ambas investigaciones datan del año 2015, pero no es hasta ahora que se llega a la fase de juicio en uno de estos proceso.
La fiscalía ha señalado que la presentación de recursos legales ante el juzgado y ante la propia Corte Suprema de Justicia ha dilatado el proceso judicial.
El juicio está programado hasta el próximo viernes con la presentación de pruebas de la fiscalía y los defensores.