La Comisión de Justicia y Paz, que adelanta una auditoría social a la repartición de bonos y bolsas de alimentos que distribuye el Gobierno a través del plan Panamá Solidario, ha recibido 35 denuncias de supuestas irregularidades desde el pasado mes de mayo, cuando se puso en marcha esta veeduría, en conjunto con la Contraloría General de la República.
En el mes de mayo se presentaron 5 denuncias. Sin embargo, las quejas han ido en aumento. En lo que va del mes de junio se han recibido 30. (Ver tabla).
Esto pudiera tener explicación en el hecho de que la Comisión decidió hacer recorridos por las áreas de las diferentes provincias donde se reparten bonos y bolsas, indicó Rigoberto Pittí, de Justicia y Paz.
Por ahora, son 85 los voluntarios que forman parte de la veeduría ciudadana en todo el país.
Pittí indicó que la mayoría de los ciudadanos se quejan de que no les llega la ayuda del programa Panamá Solidario. De hecho, ayer residentes del corregimiento de Santa Ana cerraron la avenida de Los Mártires en la capital, para exigir la entrega de la ayuda.
“Nos están mareando con esos bonos. Ya tenemos seis días y nadie da respuesta. Reparten los bonos políticamente y eso no es justo”, dijo uno los manifestantes a este medio, quien se identificó como Anderson.
Las denuncias
El martes, el representante de Santa Ana, Jahir Martínez, del partido Cambio Democrático, denunció en la sesión del Concejo Municipal la venta de bonos de alimentos que se distribuían en su sector.
Aseguró que miembros del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), colectivo del que él formó parte en el pasado, son los responsables de esta práctica, que privó a familias necesitadas de Santa Ana de la ayuda que brinda el Estado en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus.
Ese mismo día, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), una de las instituciones que, al igual que las juntas comunales, se encarga de la entrega de los bonos y bolsas de comida, informó que tomaría medidas contra los funcionarios involucrados, según el reglamento interno de la institución.
El Mides lamentó, mediante comunicado, la forma de actuar de algunos funcionarios que, “aprovechándose de su posición y completamente ajenos a la verdadera vocación de servicio que todo servidor debe practicar, infringen las normas para obtener beneficios personales”.
Situaciones como estas son seguidas muy de cerca por la veeduría. Pittí explicó que en las áreas urbanas se han percatado de que “hay demasiada población para la cantidad de bonos que se reparten en las cabeceras de las provincias y muchos bonos se entregan a discreción de las autoridades”.
Eso, dijo, puede prestarse para el mal manejo de los bonos y bolsas de comida.
En tanto, en las áreas rurales se ha detectado que en los lugares donde hay que entrar caminando -porque no hay acceso a vehículos a motor- “los equipos suelen dejar algunas casas por fuera de la repartición, siendo estas de personas muy vulnerables”.
Procedimiento
¿Qué pasará con las quejas que llegan a la auditoría social de Justicia y Paz y la Contraloría?
Antes de que la denuncia sea publicada en el sitio web de la Contraloría, primero debe ser avalada por los comités que hay en todas las provincias. Es este equipo, integrado por abogados, auditores, defensores de los derechos humanos, entre otros, el encargado de decidir si acoge la denuncia, la rechaza o investiga un poco más.
“Ellos se encargan de estudiar el tema y de pasarlo a la Contraloría”, dijo Pittí, quien actualmente forma parte del grupo asignado a Chiriquí, donde ya se iniciaron los primeros recorridos de campo.
La denuncia debe acompañarse con algún tipo de prueba, como fotos, videos y testimonios. Asimismo, se debe identificar el sitio, la fecha del incidente y los nombres de las personas que estarían involucradas.
Una vez admitida la denuncia, la primera medida es enviar una carta de advertencia a las autoridades locales, responsables primarios de velar por la distribución equitativa de las bolsas de alimentos y bonos solidarios. Posteriormente, se inicia una investigación.
La vigilancia ciudadana se mantendrá durante el estado de emergencia, decretado mediante Resolución de Gabinete el pasado 13 de marzo.
Programa
Panamá Solidario fue creado mediante Decreto Ejecutivo No. 400 del 27 de marzo de 2020, para ayudar a la población -afectada o vulnerable- con bonos, alimentos, productos de higiene y medicinas.
Tiene varios componentes: entrega de bolsas de comida y bonos solidarios de $80 (divididos en 4 de $20).
Recientemente, el Gobierno empezó a entregar vales digitales: los $80 son transferidos a una cuenta ligada al número de cédula del beneficiario, el cual puede usar estos fondos para compras en comercios, como si se tratara de una tarjeta de débito.
