El pasado martes, 28 de septiembre, el biólogo del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), Isaías Ramos, calificó como un “mal precedente” que, estando el Ministerio de Ambiente en la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional, no hubiera presentado objeción ni cuestionamiento alguno mientras se prohijaba el anteproyecto de ley 58, que declara reserva hidrológica El Montuoso, en la provincia de Herrera, iniciativa que, además, permitiría su titulación.
La inquietud de los ecologistas es que —además de afectar a El Montuoso—, de aprobarse la propuesta, abriría un compás para titular áreas protegidas del país donde hay mucha presión, como el Parque Nacional Darién o el Parque Internacional La Amistad, ambos declarados patrimonio mundial por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés).
Consultado sobre el cuestionamiento de las oenegé, el ministro de Ambiente, Milciades Concepción, subrayó que aquel día la entidad no se pronunció porque en la Asamblea solo se estaba prohijando el anteproyecto de ley, y resaltó que cuando la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo lleve a cabo el primer debate, entonces emitirá su criterio sobre la propuesta de ley de El Montuoso.
Concepción recordó que ya hay fallos de la Corte Suprema de Justicia que sustentan el principio de no regresión ambiental, es decir, que las áreas protegidas no se pueden desmejorar al permitir que sean tituladas.
“Las normativas ambientales y los fallos de la Corte son claros”, puntualizó.
De hecho, la Ley 41 de 1998 (Ley de Ambiente) establece que las áreas protegidas, al ser bienes de dominio público, no pueden ser tituladas, a menos que la persona resida en el lugar previo a la creación de la reserva ecológica. Incluso, si la persona contara con dicho título, estaría condicionado al uso o manejo establecido por el Ministerio de Ambiente.
La Procuraduría
Según Concepción, la Procuraduría de la Administración también se ha pronunciado al respecto.
Y es que una nota del procurador de la Administración, Rigoberto González, dirigida al administrador de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), José Gabriel Montenegro, advierte que el Estado nunca perderá la titularidad de las tierras que se encuentren dentro de áreas protegidas, es decir, que no pueden ser tituladas por particulares.
El escrito de González —con fecha del 22 de junio de 2021— surge en respuesta a una consulta que le hizo el administrador de la Anati sobre la posibilidad de titular un polígono dentro del Parque Nacional Portobelo, en Colón, para reubicar a familias que residen en zonas de riesgo o cerca del sitio histórico, donde se encuentran los fuertes coloniales.
El ministro de Ambiente detalló que en Panamá hay unas 130 reservas ecológicas que abarcan el 33% del territorio nacional, y que es importante su conservación por la flora y fauna.
“Nosotros estamos creando las bases para la protección de estas reservas. Los ecosistemas de nuestras áreas protegidas brindan servicios ambientales de grandes utilidades para el país”, concluyó.
Fiscalización
A juicio Ramos, el Centro de Incidencia Ambiental, como otros actores de la sociedad, solicitó la formación de un Ministerio de Ambiente para ver fortalecida su estructura y personal técnico, de modo que fuera garante del cuidado del ambiente y de todos los que dependen de él.
“Por eso ahora esperamos no el silencio cómplice, sino posturas firmes de la institución ante iniciativas legislativas y administrativas ilegales y depredadoras de nuestros recursos”, expresó.
El biólogo remarcó que las áreas protegidas no debieran estar sujetas al interés de los políticos de turno, ya que son el patrimonio de la nación, y la Asamblea Nacional debe ocupar su tiempo en proveer al ministerio los recursos necesarios y en fortalecer la legislación, de modo que las reservas ecológicas provean beneficios para la población y se resguarde su sostenibilidad.
El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y expresidente de la Asamblea, Marcos Castillero, presentó durante el pasado mes de julio el anteproyecto de ley 58, a través del cual la reserva forestal El Montuoso pasaría a convertirse en reserva hidrológica.
Además, permitiría la titulación del lugar, lo que para los ambientalistas sería negativo, pues esa zona es uno de los últimos refugios de biodiversidad de Herrera.
Durante el prohijamiento del anteproyecto de ley, Castillero indicó que se busca garantizar “seguridad jurídica” a personas que no cuentan con título de propiedad y que el anteproyecto les permitirá tener acceso a créditos bancarios u otros beneficios.
