El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales emitió un fallo en el que abre causa criminal para 26 personas por el caso Blue Apple, sociedad canasta que sirvió para armar un esquema de corrupción que involucró a contratistas del Estado, abogados, banqueros, y exministros, y que usó el sistema bancario para blanquear dinero de sobornos.
La juez Baloisa Marquínez decidió llamar a juicio a dos imputados por el delito contra la administración pública, en la modalidad de corrupción de servidores; a 11 personas por asociación ilícita, mientras que 26 investigados deberán responder por el delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.
El comunicado del Órgano Judicial que dio a conocer la noticia no menciona nombres. pero en la vista fiscal que emitió el Ministerio Público sobre el caso (noviembre de 2019), se pide juicio, entre otras personas, para Federico Suárez, exministro de Obras Públicas, y a Jorge Ruiz Sánchez, exfuncionario de esa cartera, por la supuesta comisión de los delitos contra la administración, asociación ilícita, y blanqueo de capitales.
En la lista también figuran los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares (blanqueo de capitales); también Joaquín Rodríguez, exgerente de Factor Global Inc, Federico Barrios, representante legal de Blue Apple (blanqueo de capitales).
Al igual que el también extitular de Obras Públicas, Federico Ford, y Adolfo Chichi De Obarrio, exsecretario privado del expresidente Ricardo Martinelli (blanqueo de capitales). El juzgado declaró no viable la solicitud de llamamiento a juicio contra dos personas jurídicas. En la vista fiscal se menciona a Corporación y Energía del Istmo, y Fundación Lemar.
También hay una larga lista de sobreseimientos provisionales y definitivos por los distintos delitos. Aquí tampoco se proporciona ningún nombre. El juicio está agendado para la siguiente fecha: del 20 de junio hasta el 1 de julio de 2022, a las 9:00 a.m. Como fecha alterna del 16 al 26 de agosto de 2022.
El juzgado también ordenó el levantamiento de las medidas cautelares de carácter personal que habían sido impuestas contra 22 investigados. Este proceso fue abierto en 2017, luego de que se detectara una sociedad “canasta” creada, presuntamente, con el fin de recibir sobornos pagados por contratistas del Estado a cambio de contratos y agilización de pagos por proyectos asignados entre 2009 y 2014.
La fiscalía recuperó $33 millones de dólares. La lesión patrimonial ocasionada al Estado se estimó en $78.3 millones.
