Había una vez, hace más de una década, un gobierno panameño que contrató a una empresa conocida como IBT, para diseñar, construir y equipar cuatro hospitales, por $237.5 millones. La entrega de dos de esos hospitales debió darse el 11 de octubre de 2012 y, un año después, la de los otros dos. Pero eso nunca sucedió. En el camino surgieron adendas, aumentos de costos, problemas de financiamiento, arbitrajes, cambios de gobierno, pandemia… Las obras fueron abandonadas en 2014 y, finalmente, esta semana, el Gabinete autorizó al Minsa a terminar la relación contractual con el consorcio y ceder la obra a otra empresa. Y, como en cualquier cuento que se respete, todos vivieron felices para siempre… Bueno, no todos, pero sí el contratista y los gobiernos anteriores, que permitieron semejante despilfarro de tiempo y dinero, sin un castigo ejemplar para el consorcio y sin una compensación justa del enorme costo humano y económico de semejante incumplimiento. Y todavía algunos seguimos creyendo que el crimen organizado sólo se trata de caletos y actividades violentas y peligrosas…
EN MENOS de un mes, otro hijo de un mismo expresidente panameño será llevado a Nueva York, para enfrentar cargos por su papel en el esquema de sobornos y lavado de dinero de Odebrecht, a través del sistema financiero estadounidense. Ricardo Alberto Martinelli Linares, quien aún permanece recluido en una base militar en Guatemala, llegaría extraditado a Estados Unidos en cinco días. No se sabe cuándo tendrá que comparecer ante un juez, pero ya su hermano Luis Enrique reconoció que ambos, con ayuda de “otras” personas, utilizaron cuentas bancarias a nombre de sociedades para ocultar $28 millones que recibieron de Odebrecht. Sin embargo, el acuerdo de culpabilidad que voluntariamente Kike propuso al juez Dearie en la audiencia del pasado jueves, plantea la devolución de $18.9 millones. Si esa suma se confronta con su declaración de culpabilidad, se deduce que aún queda un remanente de los $28 millones. ¿Qué sucedió con eso? Es muy poco probable que los $9.1 millones restantes correspondan al yate y al condominio en Miami, que posiblemente ya están incautados. Entonces ¿será que ese saldo es lo que va a entregar el hermano? Ojalá que así sea, y no que esa suma vaya a ser considerada como parte del costo que tiene que pagar la justicia estadounidense para introducir al proceso al “familiar cercano, funcionario público de alto nivel en Panamá”, que se benefició con las coimas que trataron de blanquear estos dos. Todo parece indicar que aquí hay una buena parte de esta historia que todavía está por contarse.
