Esta es la última columna del año. Como todo brunch que se respete, hacemos un repaso a los platillos más suculentos que se sirvieron en 2021.
LA primera gran sorpresa del año fue la renuncia de Eduardo Ulloa, casi 14 meses después de reemplazar a Kenia Porcell en la Procuraduría. La verdadera causa de su dimisión aún se desconoce, pero en su carta de renuncia expresó frustración por estar sometido a un permanente “juzgamiento mediático” y ello hacía que su labor fuera “ingrata e incomprendida”. ¿Acaso pensaba que el puesto venía con un equipo de porristas? También se mostró “incapaz de dar solución a situaciones tan críticas como el bienestar de nuestra niñez”, pero ese no era su deber, sino investigar los abusos en los albergues subsidiados por la Senniaf. La ministra del Mides, sin embargo, sí habría podido tener la decencia de renunciar bajo esa causal, pero ahí sigue. La exsubdirectora de la Senniaf, Carla García, por su parte, se escabulló convirtiéndose en gobernadora de Panamá, cargo en el que desempeña tareas tan estratégicas como abrir las balotas de la Lotería. Y si hablamos de gente con suerte y Lotería, no podemos olvidar a los implicados en el cobro irregular de billetes y chances. La investigación inició por el pago del Gordito correspondiente a abril. La Antai determinó la vulneración de los procedimientos de la Lotería e incumplimientos en la fiscalización. Aunque hay cuatro imputados, a la afortunada Gloriela del Río, directora de la LNB, sólo se le multó con el equivalente al 50% de un mes de salario. Al fin y al cabo, es la fiscal del oficialista Molirena.
LA pandemia nos dio este año la oportunidad de ver la cara más indigesta de algunos panameños. Panamá Solidario podría haber parecido algo positivo, hasta que afloraron escándalos vinculados a funcionarios a cargo de su ejecución. En julio, se imputaron cargos a cuatro personas, después que aparecieran 509 bolsas en una casa en San Francisco. Uno de ellos renunció. Los otros tres parecen estar aún en la planilla estatal. Se trata de Juan Carlos Brin, Julio Palacios Pinzón y Rodolfo Chamorro. El primero cobra $2,200 como “coordinador de planes y programas” en Presidencia. Los otros dos están en el MOP: Palacios es asesor, con $4,000, y Chamorro es conductor y cobra $1,500. Ojalá esto no quede como los otros casos por (presunta) corrupción en el país: en nada.
SI festinar con el hambre de la población le parece poca cosa, fíjese qué hicieron con el temor. En plena pandemia, dos emprendedoras se prestaron para organizar vacunaciones privadas en edificios de Coco del Mar y Punta Pacífica, a pesar de que el Minsa es el único que adquiere vacunas y las aplica, sin costo alguno. El vacunador es el único que, hasta ahora, no ha generado anticuerpos contra la investigación, ya que solo él permanece detenido. Pero la presa dentro del tamal fue la de los hisopados para viajar a las islas del Pacífico. Para eso había que pasar por una caja registradora que estaba directamente conectada a los bolsillos de funcionarios del Minsa, quienes le dijeron a los operadores de las lanchas que sus pasajeros podrían abordar siempre que mostraran tarjeta de vacunación o se hicieran una prueba con el laboratorio que ellos, gentilmente, pusieron de a dedo en el mismo muelle.
COMO siempre, la justicia descargó sus aguas residuales. Este disfuncional sistema se ilustra en 2021 con dos absoluciones: las de Arquesio Arias y Ricardo Martinelli. Al primero lo salvó la mayoría calificada, porque si fuera por la simple, habría sido declarado culpable por actos libidinosos a una menor. En lugar de ello, regresó a su curul… y aquí no pasó nada. En cuanto a Martinelli, aunque las víctimas estaban más pinchadas que un neumático, fue absuelto. El eco de los mariachis que amenizaron la celebración de este antiguo “alto oficial” del gobierno aún se escuchaba, cuando Guatemala anunció que el menor de sus vástagos sería extraditado en 5 días. Sus dos hijos, ya en Nueva York, se declararon culpables de conspirar para lavar $28 millones en sobornos de Odebrecht, para beneficio de un pariente “cercano”. La sentencia será dictada en mayo. La pregunta que queda es cuándo se abrirá el indictment sellado.
SE fue el año y seguimos en estado de emergencia. Solo nos queda confiar que la Covid-19 no tenga tantas variantes como letras sin usar quedan en el alfabeto griego. Lo que usted debe practicar es lo mismo que tendrían que hacer en muchas instituciones: mantener medidas de higiene y distanciarse de posibles focos de contagio. Feliz 2022.
