Esta es la primera columna de 2022. Aunque parecen haber quedado atrás los años en que los principales contratistas del Estado redactaban los pliegos de las licitaciones, 2021 no fue un mal año para Odebrecht. Una prueba de las travesuras de la constructora es que, hasta el año que acaba de terminar, se dio el lujo de burlarse de las cuotas anuales vencidas de la multa de $220 millones acordada en 2017, como parte del infame acuerdo de culpabilidad con el Ministerio Público. Tuvo un juez de garantías que ordenar al MEF que retuviera $36.6 millones (más 5% de multa) del dinero que el Estado debía pagar a Odebrecht en concepto de obras. Sin embargo, esa cantidad sólo corresponde a las cuotas morosas de 2019 y 2020. ¿Alguien conoce algún motivo para que no trate de ignorar los $18.3 millones correspondientes a 2021? Para cumplir oportunamente, quizás la brasileña debió encomendar esos pagos a su División de “Operaciones Estructuradas”, porque esa sí era puntual transfiriendo la plata. También la firma parece haber sido mejor negociadora que sus contrapartes, porque cuando el aeropuerto de Tocumen quiso rescindir el contrato de construcción de la nueva terminal e inhabilitar a la compañía, Odebrecht llevó su batucada a la Corte Suprema, invocando un arbitraje. ¿Llegaremos a conocer el efecto final de esa maniobra en 2022? Al menos, por ahora, todo está en suspenso. También, por hora, los fiscales del caso de los sobornos siguen de vacaciones, mientras la audiencia está convocada para el 18 de julio en el Teatro Balboa. Ojalá hayan recordado las palabras de Marcelo Odebrecht, en 2017: “Si empiezo a hablar, van a tener que habilitar celdas para varios presidentes…”, y ya estén remodelando los camerinos.
DURANTE casi toda la pandemia, el Minsa ha insistido en emplear ivermectina e hidroxicloroquina en el tratamiento de pacientes con Covid-19, pese a que no existe evidencia científica que respalde su eficacia terapéutica y la OMS formalmente desaconsejó su uso desde marzo de 2021. En alguna ocasión, la viceministra Berrío justificó su uso, alegando que se basaba en la “experiencia nacional” y en las supuestas recomendaciones de un equipo científico local. Jamás vimos esos presuntos informes. Finalmente, esta semana, el ministro Luis Francisco Sucre reveló que desde agosto de 2021, se retiró la ivermectina y la hidroxicloroquina como medicamentos para pacientes con Covid-19. Parece que de eso no se había enterado nadie. Ni siquiera en el propio Minsa y en la CSS. Además de mantener la inclusión de ambos fármacos en el kit que se entrega a los infectados, en noviembre pasado (tres meses después de que, supuestamente, se descontinuara su uso en el tratamiento contra la Covid-19), el Minsa gestionó la compra de un millón de tabletas de ivermectina, por $310 mil. Mientras, en la CSS, no fue hasta el 30 de diciembre que enviaron una circular a los directores médicos de sus hospitales y policlínicas, para instruir que no se receten los ahora repudiados medicamentos en las instalaciones a su cargo. Alguien debe tener muchas lombrices.
