PARA entender la actuación de Gerardo Solís, ni siquiera es necesario escucharlo o ver en quién se ha convertido, ya que su vida pública comenzó mucho antes de que la Asamblea lo designara contralor. Todo comenzó en el siglo pasado, cuando Guillermo Endara asumió como presidente de la República. Aunque entonces, oficialmente, no tenía ningún cargo relevante, Solís, hijo de uno de los socios del presidente en Solís, Endara, Guevara & Delgado, fue consultor de la ZLC por algún tiempo. Su paso por esa entidad pareció no tener relevancia, pero eso no importaba, en vista de la relación que su padre y él mismo mantenían con Endara. Su verdadero lanzamiento lo tuvo en el gobierno de Pérez Balladares, a quien alguna vez comparó con Jesucristo. En esa administración fue director del Fondo de Emergencia Social (antecesor del FIS, el PAN, el DAS o como sea que se llame ahora esa dependencia de Presidencia, conocida por sus compras con sobreprecio). Desde entonces, hábilmente ha encadenado un cargo con otro. De allí pasó a ministro del Mivi; luego fue fiscal electoral y, después, magistrado del TE. En cuanto a los dos últimos cargos, hay que reconocer que los ejerció con decoro e incluso desafiando al gobernante de turno. Después exteriorizó sus aspiraciones políticas. Empezó buscando firmas como candidato por la libre postulación, pero acabó en la nómina del PRD que encabezó Juan Carlos Navarro, en 2014. Después no se supo de él, salvo que seguía surfeando y montando moto. Hasta que la Asamblea lo designó contralor. Todos votaron por él, menos Juan Diego, Gabriel Silva y Mayín Correa.
UNA de las primeras consecuencias de esa escogencia fue la redefinición de la expresión conflicto de intereses: el nuevo contralor designó en su equipo a las hermanas de Zulay Rodríguez y Marcos Castillero, y a la esposa de Roberto Ábrego. El 2 de enero de 2020, día en que tomó posesión, dijo que ese personal fue seleccionado siguiendo un “sistema de méritos y de estudios” y que no conocía a ninguno. Como si un platillo volador de la Asamblea las hubiera dejado caer en Avenida Balboa. También designó asesor a Francisco Rodríguez, quien -curiosamente- era presidente encargado del país cuando llegó Endara. Aquel 2 de enero pidió a todos “rendir cuentas”. Dos años y una pandemia después, lo que tenemos es un contralor que, en resumen, apadrina la reactivación de la planilla 172; valida a los promotores comunitarios; habla pestes de su antecesor; niega información pública, y advierte al procurador Rigoberto González que no se meta con él, porque incurriría en un “acto justiciable”. Un tono digno del Chicago de los años 20.
LA defensa de Solís no se limita al Legislativo. En su discurso ante la Asamblea, minimizó los escándalos del Ejecutivo: el hospital modular, los jamones de las naviferias, los ventiladores, el Gordito de la Lotería, las transferencias a las juntas comunales, las laptops del MEF, el almacén de medicinas en la CSS… Según Solís, la mayoría de estos actos está permitido por ley o no acarreó perjuicio económico. También defiende el incremento de la planilla. En 2010 había 181,414 funcionarios y, hasta octubre de 2021, eran 255,496; es decir, la planilla creció 40.8%, según informes de la propia Contraloría. El gasto en salarios tuvo otro aumento extraordinario: en 2010 se desembolsaban $1,750 millones en sueldos brutos y en 2021, sin incluir noviembre y diciembre, ese gasto fue de $3,919 millones, un alza de 123.9%. Según Solís, el alza ocurre “por leyes especiales que reivindican ajustes salariales”. Qué importa si estamos en pandemia. Y pensar que ha habido enfermeras trabajando sin cobrar.
SOLÍS acabó normalizando todos estos incrementos, planillas y escándalos, como si hubiera estado hablando de indicadores de crecimiento, calidad de vida o transparencia en la gestión pública. La experiencia fue tan sublime, que tocó la fibra más dura del corazón de Crispiano Adames, quien no pudo contener su emoción y dijo: “ojalá todos los funcionarios lo hiciesen de esa manera”. No queda duda que todo lo malo puede ser peor.
