La discusión de los gastos de movilización de los alcaldes y representantes se convirtió en tendencia esta semana, como si se tratara de una nueva variante pandémica. Sin embargo, esa mala práctica -como muchas otras- viene de años atrás. ¿Cuándo realmente comenzó? Según el contralor Gerardo Solís, data del año 2007. Entonces era Carlos Vallarino quien dirigía esa institución. No obstante, la Contraloría no crea renglones dentro de los presupuestos de los municipios y juntas comunales. Estos deben constar en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Gasto Público aprobado por el MEF. Los “gastos de movilización” no parecen existir allí; tampoco en la Guía Alfabética de Imputaciones Presupuestarias, que ofrece el código exacto atribuible a cada gasto, en concordancia con el manual. Precisamente por esa razón, hace 5 años, la Contraloría (bajo el mando de Federico Humbert) presentó una demanda de nulidad contra el Acuerdo que aprobó el presupuesto del Municipio de Arraiján, para la vigencia fiscal del año 2017. Según esa demanda, la inclusión del “gasto de movilización” como un concepto fijo mensual en el presupuesto del Municipio de Arraiján, lo convirtió en un “salario en especie”, al reconocerlo como un viático permanente y eso “constituye una violación al concepto de salario de los servidores públicos, ya que el mismo debe estar reconocido por ley”. En la opinión que el procurador de la Administración brindó a la Corte, invocó la nulidad de ese gasto, debido a su desapego a las normas de administración presupuestaria. El acuerdo demandado estuvo vigente sólo en 2017 y cuando la Corte falló la demanda, en octubre de 2018, declaró “sustracción de materia”, a causa de su propia demora al resolver. Así, un gasto fijo inventado y que la Corte nunca valoró en el fondo, se ha mantenido en los municipios, a través de varios periodos, bajo la supervisión de la Contraloría y con sucesivos ministros del MEF. ¿De qué se trata esto? ¿Del “juega vivo” de un puñado de autoridades locales o de un concierto interinstitucional para saquear los dineros que deben beneficiar a las comunidades? ¿Cuántas otras cosas se pagan con fondos públicos sin sustento alguno? ¿Con qué cara un municipio toma acción contra un contribuyente moroso, cuando su máxima autoridad recibe fondos para su propio provecho y encima se jacta que no tiene que justificar nada? Visto desde cierto ángulo, hasta tenemos que estar agradecidos, porque bajo ese criterio, en lugar de $5 mil, podrían asignarse a sí mismos $10 mil, $15 mil ó $20 mil, si les da la gana.
CUANDO se sacude el árbol, siempre hay esperanza de que caiga algún fruto. Uno de los más insospechados podría ser la investigación de la Fiscalía Electoral, por las declaraciones de Alex Lee. Recordemos que su nombre se hizo tristemente célebre más allá de los 4 Altos en el 2019, cuando pretendía cobrar $7,400 en gastos de movilización. Luego los “rebajó” a $3,500. “Es lo que Dios quería que yo ganara”, dijo en KO, como si el Creador fuera un bromista. ¿Se necesita tanta plata para caminar 16 calles? Es más, si las caminara, le haría bien a su salud. La única justificación de un “gasto de movilización” en relación con ese señor, sería movilizarlo del cargo, de una vez por todas.
