Como muchos recordarán, en los cables de Wikileaks, la exembajadora Bárbara Stephenson cuestionó con dureza a Ricardo Martinelli, advirtiendo que “su tendencia al acoso y al chantaje puede haberle llevado al estrellato en el mundo de los supermercados, pero es poco propio de un estadista” y que éste “no hacía distinción entre objetivos legítimos y enemigos políticos”. Dijo que Martinelli pidió ayuda para realizar intervenciones telefónicas y amenazó con expulsar a la DEA, si no lo complacían. De eso hace ya 11 años y ahora ustedes podrán saber si el tiempo le dio la razón a Stephenson, quien ya se retiró del servicio diplomático y es vicerrectora de asuntos globales en la Universidad de North Carolina. El expresidente, en cambio, no podría ni visitar ese campus, aunque quisiera.
MARTINELLI no disimula su escaso afecto por cualquier autoridad que no sea la suya. Eso, que de por sí ya es malo, se agrava cuando pasa de las palabras a los hechos. Por ejemplo, ha demandado varias veces a la fiscal anticorrupción del caso Odebrecht, Tania Sterling. En una de las querellas reclama $10 millones por supuesto “daño moral, psicológico, comercial, empresarial, social, familiar y político”. Sí… “daño familiar”, usted no leyó mal. A Isabel de Saint Malo de Alvarado le exigió $20 millones, porque la Cancillería remitió a Estados Unidos la solicitud para su extradición, en 2016. También demandó a Harry Díaz y Jerónimo Mejía, fiscal y juez de garantías, en el caso pinchazos, y a Kenia Porcell, quien tuvo que consignar una fianza de $150 mil para frenar el secuestro de sus bienes. Más recientemente, denunció a María Eugenia López Arias, presidenta de la Corte, porque -según él- alteró el calendario de audiencias para que el juicio de los pinchazos se celebrara en 2021. Por supuesto, tenía que sumar a esa lista a Baloisa Marquínez, la juez de los casos Odebrecht y New Business. De ella ha dicho hasta que es “peor que el Covid-19”. Pero eso no es lo más preocupante.
EL PASADO martes, dos días antes de la audiencia preliminar de New Business, una cuenta de Instagram denominada @ricardomartinelli_politica publicó una (presunta) foto de Marquínez con el siguiente texto: “Me dicen esta es la juez inquisidora que a todo dice no. Para ella no hay ley, Constitución, códigos y tratados internacionales. Su misión es condenar y destruir el país. Sigan así @nitocortizo y @gabycarrizo, que van bien. Me cuentan su esposo tiene ‘transporte’ y que allí saldrán bellezas… Su nombre dicen que es Baloisa Martínez (sic) de Las Lajas de Chiriquí. Matito el difunto antes de morir dejó muchas cosas que servirán y son de espanto”. ¿A quién le servirán qué “cosas”? ¿Para qué? Bueno, según el artículo 388 del Código Penal, cualquier mortal que amenace, intimide, obstaculice o impida el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario del Órgano Judicial o del Ministerio Público podría ser sancionado con prisión de 5 a 10 años. Nada que no resuelva un ejército personal de abogados, una libreta de incapacidades médicas y el título de propiedad de un partido político. Así nadie que intente chantajear a una autoridad le preocupará si lo hace abiertamente y por escrito.
EL BRUNCH tomará un descanso. Volverá a la mesa el 27 de febrero. Hasta entonces, ¡Buen provecho!
