¿Cuál es la peor de las enfermedades que ha aquejado a Panamá en los últimos años? ¿El hanta virus? ¿El dengue hemorrágico? ¿La influenza equina? ¿Qué hay de la corrupción? ¿Acaso no se comporta como una patología recurrente que explota en cada oportunidad que se le presenta? Bien; si esa es una enfermedad, nuestro país será entonces el cuerpo. Así, ¿cuál es el órgano más infectado? Seguro el Legislativo. El pasado miércoles, mientras discutían en segundo debate un proyecto de ley sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores, metieron un artículo para permitir que aquellos reos con acuerdos de pena o condenas de no más de 5 años de prisión, se beneficien con trabajo comunitario en entidades estatales. Dos de los autores de este camarón son los diputados Leandro Ávila y Corina Cano. Ambos integran la Comisión de Gobierno, donde dicho proyecto, sin el referido crustáceo, fue aprobado en primer debate el pasado 14 de enero. Ávila -que incluso preside la comisión- y Cano hicieron aportes, pero nunca se refirieron al trabajo comunitario. Quince días después, se salen con esto. Ahora, hasta Gabriel Silva -proponente original del proyecto- está pidiendo el veto parcial presidencial. La veda del camarón debería ser extendida a la Asamblea.
DESPUÉS DE un año de haberse realizado la JMJ, el comité organizador local rindió un informe auditado de su gestión. En el registro, consta que los ingresos sumaron $21.3 millones y los desembolsos, $20.7 millones. Según el desglose, $13.7 millones fueron destinados a gastos de operaciones. Lo que no aclara es de que se compone esa suma, aunque seguramente no incluye los $12.4 millones que costaron las tarimas instaladas en la cinta costera y en Metro Park, ya que el comité local señaló que el informe no incluye la participación del Estado, que -aseguran- fue “en especie”. El contrato de las tarimas, gestionado por el Ministerio de la Presidencia, fue adjudicado al Consorcio JMJ Santa María la Antigua -integrado por Festieventos, Magic Dreams y Contraseña Production-, y contempla el montaje, equipos, puentes de acceso y 36 kilómetros de vallas “de cerramiento”. Se desconoce si en este último renglón se encuadran las vallas metálicas de seguridad utilizadas en la ruta del evento. A todos en el país, católicos o no, no nos resta más que aceptar como un dogma de fe que las cifras del informe reflejan con fidelidad la inversión y el uso de fondos tanto de la Iglesia como del sector privado, y rogar para que alguien, de una buena vez, se apiade y comparta las del Estado.