El fuero electoral penal fue uno de los causantes de las sonadas fricciones entre los magistrados del Tribunal Electoral (TE) y los miembros de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional el año pasado, mientras se discutían las reformas al Código Electoral. La eliminación del fuero había sido acordada en la Comisión Nacional de Reformas Electorales y los magistrados Heriberto Araúz y Alfredo Juncá supuestamente estaban en contra de que los diputados trataran de mantener en pie ese privilegio. Pero, como en un pasaje kafkiano, mientras invocaban la inconveniencia del fuero, por el otro se esforzaban en hacerlo ver como algo sin mayor importancia. Juncá dijo que en las elecciones de 2019, “la cantidad de ocurrencias para el levantamiento del fuero electoral fue de menos de 3%… Un número ínfimo”. Araúz fue más audaz, diciendo que el fuero casi siempre era levantado y que solo 18 -o sea, un 1%- de las 1,800 solicitudes de levantamiento presentadas desde los 90 por el Ministerio Público, no habían sido concedidas. O sea, si en un año un ladrón roba tres veces en una casa y casi lo hace una cuarta vez, eso no es nada, porque tan solo sería como el 1% de los 365 días. Con argumentos como esos, en realidad minimizaban la necesidad de eliminar el fuero. Pero ese solo era el principio de las contradicciones. Según Juncá, teníamos que “hacer que nuestro proceso sea mucho más accesible, que la justicia electoral sea mucho más rápida y lograr una equidad. Hay que eliminar el fuero electoral”, en tanto que Araúz decía que “no es cierto que el fuero electoral ha servido de herramienta de impunidad para que no se investigue a una persona”. Todo este tiempo nos hicieron creer que estaban en contra de este fuero repugnante, pero en realidad estaban acondicionando el terreno para acomodar a la impunidad. El voto que han dado a favor de mantener el fuero electoral en dos casos de alto perfil, entre ellos, el de la más alta relevancia en la justicia panameña, insulta la moral ciudadana. Si lo impune es algo que queda sin castigo, entonces no importa cómo se mire: el fuero terminó siendo una herramienta ideal para la impunidad.
Súmenle a esto que Ricardo Martinelli había recusado a Eduardo Valdés, pero no a los otros dos magistrados. Pareciera que, semanas antes, la bola de cristal de la defensa anticipó con precisión quiénes votarían a favor y quién en contra. Aunque, después de todo, no se necesitaba leer el tarot o los caracoles para saber lo que haría un magistrado designado durante el gobierno del nuevo beneficiario del fuero, tras divulgar que, en su opinión, era posible la reelección presidencial inmediata.
Otro disparate de Araúz y Juncá fue reconocer la vigencia del principio de especialidad contenido en el tratado de extradición Panamá-Estados Unidos. El país que entrega al requerido (o sea, Estados Unidos) dijo que ese principio ya no es aplicable en este caso. Pero el TE ahora no sólo tiene competencia en materia electoral, sino el poder divino de atribuirse el conocimiento de asuntos de otros campos, como el derecho internacional. ¿Qué será lo siguiente? ¿Ordenar escuchas?
