Hasta hace poco, Ucrania no era una amenaza para Rusia. Pero solo por el hecho de estar donde está, Rusia la invadió para forzarla a actuar conforme a sus intereses, y ahora es su enemiga. Entre personas, sin embargo, la cosa suele funcionar de otra forma. Generalmente, debe haber una razón preexistente para que dos individuos terminen siendo enemigos. Excepto si uno de ellos es Ricardo Martinelli: si él no anticipa una actitud genuflexa de parte de cualquier persona que tenga poder de decisión en algún aspecto importante de su carrera política o de sus casos judiciales, de la noche a la mañana, esa persona podría convertirse mágicamente en su enemiga. Y, como si se tratara de un país, la ataca, sin importar que le haya declarado la guerra a él o no.
Los ejemplos de esto abundan. Así ha querellado y/o recusado a Isabel de Saint Malo, Farah Urrutia, Kenia Porcell, Baloisa Marquínez, Jerónimo Mejía, Harry Díaz, Eduardo Valdés Escoffery y Juan Carlos Varela. Tan solo en la semana que hoy termina, recusó al procurador Javier Caraballo y denunció penalmente a la magistrada María Eugenia López Arias. A ésta última la acusa de violar el Código Penal, para -según él- “impedir su ascenso al solio presidencial en el año 2024”. ¿Por qué debe preocuparnos que Martinelli esté persiguiendo a servidores públicos que, en el ejercicio de sus funciones, tienen una participación en la definición eventual de sus asuntos judiciales y políticos? Bueno, entre otras cosas, por el riesgo que representa para la sociedad que alguien que ha acumulado tanto poder económico y político convierta en enemigos (o amigos...), a personas que están ejerciendo cargos con atribuciones capaces de decidir parte de su futuro, para de cualquier forma quitarlas de su camino. Hay que estar muy atentos y mirar para todos lados, porque sus declaraciones de guerra no van a llevar a todo el mundo al mismo campo de batalla. Por ejemplo, la magistrada presidenta va directo a la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, y no hay que explicar qué debemos esperar de ese paredón. ¿Tendrá acaso la población que ir a la calle a exigir que cese ya esta interminable obra de teatro de terror jurídico? Ya no estamos en aquellos tiempos en que nos reíamos cuando este señor saltaba sobre las camas en carnavales o hacía piruetas con Jumbo Man. Esto dejó de ser divertido hace rato, y el precio lo estamos pagando todos.
En otro orden de temas, la Asamblea acogió las objeciones del Ejecutivo a tres artículos del proyecto de ley 550, sobre la reconfiguración de los patronatos de los hospitales públicos. ¿Y el resto? Porque el problema no son solo los artículos vetados parcialmente. Supuestamente, el proyecto nació porque había un problema administrativo en el patronato del Hospital José Domingo de Obaldía, de Chiriquí. Son tan ineptos, que no pueden resolver un problema de una entidad, sin afectar al resto del país. Mejor habría sido que pusieran a alguien capaz de resolver ese asunto particular y ya está. Si el empeño que dispensaron en componer el principado de la rectora lo replican en trabajar por el bien común, este país sería otro.
