POCAS PERSONAS podrán poner en duda que el presidente Cortizo y parte de su equipo han trabajado más en los dos últimos meses que algunos de sus antecesores en un año entero. Como en el matrimonio, él se candidatizó para dirigir el país en las buenas y en las malas; en la salud y en la Covid-19. En ese contexto, habría sido difícil prever que la mano peluda de la corrupción trataría -sin gel alcoholado ni guantes de látex- de sacar provecho ilegítimo de los tan necesarios recursos para atender la crisis sanitaria. Sin embargo, antes y durante la pandemia, las irregularidades han apuntado al entourage del vicepresidente José Gabriel Carrizo. La impresentable compra de ventiladores con sobreprecio no sólo ha sido una bofetada en los enmascarados rostros de los panameños, sino que amenaza con drenar por completo la credibilidad de la presente administración, que había partido con varios puntos de ventaja, gracias a las medias verdades del gobierno anterior. La dimisión, evidentemente forzada, de Juan Carlos Muñoz -viceministro de la Presidencia hasta el pasado lunes-, lejos de mitigar los indeseables efectos políticos de las ahora famosas contrataciones, han avivado el descontento de un importante segmento de la población, que habría esperado que el presidente convirtiera lo sucedido en una oportunidad para indicar la puerta de salida al ministro de la Presidencia. Todos debemos tener presente que para salir adelante cuando nos integremos a la nueva normalidad, no solo se necesitarán fondos de préstamos internacionales. Será tanto o más importante contar con un liderazgo robusto y fiable que pueda guiar al país.
A PROPÓSITO del exviceministro Muñoz, la sociedad Security Equipments, que vendió mascarillas a la Presidencia por $4.4 millones, presentó una querella en su contra luego que circulara en redes sociales una carta de compromiso de pago sobre dicha transacción -que avaló Muñoz-, con la información alterada. Si en la denuncia que el proveedor presentó contra Muñoz aparece identificada la cuenta en redes de una funcionaria que estaba divulgando los documentos alterados, y esta conducta evidentemente no está amparada por el blindaje de un periodo de incidencias, ¿por qué no proceden legalmente contra ella? Parece que en el siglo XXI, ser gritón es todavía un mecanismo de defensa judicial.
LA CSS ha tocado una vez más la nota discordante, al notificar mediante una circular que, por la disminución en la recaudación de la cuota obrero patronal, se reduce la jornada laboral y el pago de horas extras de médicos, enfermeras, laboratoristas, camilleros y todo el personal sanitario. La medida fue dejada sin efecto, porque el Gobierno Central aportó una partida extraordinaria para realizar estos pagos. Si así están las cosas, ¿con qué personal piensan operar el hospital modular de Albrook? Ojalá entiendan que la salud, a diferencia de los precios de ventiladores y mascarillas, no es negociable.