La Constitución detalla cuáles son las atribuciones del presidente y el vicepresidente de la República, y del procurador general de la Nación. Pero en la pasada administración, al menos dos de esa triada ignoraban olímpicamente los límites de sus cargos, al punto de que en ocasiones habría sido difícil distinguir quién tomaba realmente algunas decisiones en la Presidencia o quién era realmente la vicepresidenta. Así como los Varelaleaks parecen mostrar un afecto entre Juan Carlos Varela y Kenia Porcell en un grado tal que raya en la complicidad, así mismo dejan claro que Isabel de Saint Malo de Alvarado no era objeto de la adoración de la procuradora. Expresiones como “ella es una miedosa”, “es muy temerosa”, “ella lo que no quiere es ser responsable de sus decisiones” o “4 años sin asumir riesgos”, parecen haber formado parte de los mensajes de la todavía jefa del Ministerio Público, para referirse a la segunda de a bordo del Ejecutivo. Si a Porcell le gustaba tanto la política, por qué no corrió a un cargo de elección popular.
NO HAY palabras que puedan describir el grado de ridiculez que reviste la decisión del Consejo Municipal de Panamá de entregar las llaves de la ciudad a Santa María la Antigua. Sí, usted leyó bien: a la Virgen. Como si ella necesitara que un grupo de ediles impolutos o no le rindan tributo. Si querían homenajearla, habría bastado con que actúen con honestidad y dignidad.
DESPUÉS DE una reunión con los diputados santeños Olivares Frías y Edwin Broce, la Alcaldía de Panamá supuestamente aceptó cambiar la fecha del festival de polleras de la capital. Ya no será el 26 de enero -dos semanas después de las Mil Polleras de Las Tablas- sino el 19 de julio, en la cinta costera. Contaremos los días y horas para ver al alcalde disfrazado de diabólico, y a la vice, de Domitila.
EL PASADO jueves, María Eugenia López tomó posesión como magistrada de la Sala Penal en reemplazo de Jerónimo Mejía, en una ceremonia en la Presidencia de la República. Cualquiera habría esperado que, acto seguido, López se encaminara a la Corte Suprema, ya que a Mejía oficialmente se le venció su mandato el 31 de diciembre de 2017. Pero esto no ocurrió. Sucede que la Resolución firmada por Marcos Castillero (diputado presidente) y Quibian Panay (secretario general) en la que la Asamblea aprobó el nombramiento de López, señala que éste es por un periodo de ocho años, “a partir del 1 de enero de 2020”. Nadie ha salido a explicar qué pasó allí. ¿Acaso ese despacho tiene ahora mismo dos magistrados? ¿Qué ocurre con aquellos fallos que firme Mejía, luego de llevarse a cabo la juramentación de López? La empresa cazatalentos debería aplicar una prueba de capacidad a estos imberbes de la Asamblea.
