Es triste -pero cierto- que un halo nauseabundo rodea a la Asamblea Nacional. Ese es el olor del proyecto de ley 308, propuesto por el diputado Raúl Pineda el 16 de abril pasado, en pleno primer mes de confinamiento por la pandemia. El referido proyecto modifica las disposiciones aplicables a las liquidaciones bancarias. Tras su aprobación en tercer debate, el presidente Cortizo lo devolvió a la Asamblea el 15 de junio objetando, entre otras cosas, que pretendiera establecer una norma de “orden público y de interés social” o sea, con un efecto retroactivo, que más bien beneficiaba -según el informe de la Presidencia de la República- “a un reducido número de cuentahabientes”, en perjuicio de otros clientes de bancos en proceso de liquidación. La Asamblea hizo poco caso a estas advertencias y el 30 de septiembre, lo aprobó, por insistencia, nuevamente en tercer debate. Actualmente hay dos liquidaciones forzosas en curso. Una es la de un banco de capital brasileño, proceso que está tan adelantando, que la mayoría de los depósitos y créditos ha sido compensado, por tanto, la nueva legislación tendría poco efecto. La otra liquidación es la del venezolano Allbank, un proceso complejo, “sin que en ninguna de las jurisdicciones los accionistas hayan podido demostrar la existencia de activos que respalden la totalidad de las acreencias y, mucho menos, hayan podido transferir los activos supuestamente existentes a una cuenta en Panamá, para que puedan quedar sujetos al control del liquidador”, como señaló Cortizo a la Asamblea. Al menos, así sabemos a la medida de qué proceso de liquidación parece estar hecho este proyecto. En adición, la Asamblea simuló haber atendido las objeciones, pero en verdad dejó todos aquellos artículos rechazados por Cortizo y, encima, extendió a dos años su retroactividad, cuando en el proyecto original era de un año. ¿Será que la OMS puede recomendar una vacuna contra esta gente?
Lea aquí el proyecto de ley 308
ESTA SEMANA, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cerró la operación Lava Jato, “porque no hay más corrupción en el gobierno”. Así como los cargos deben ser probados para lograr una condena, la extinción de un delito también debería estarlo. Con una investigación que va por la 76a fase, ¿de dónde sacó Bolsonaro que en Brasil se acabó la corrupción? Es el país que tiene el escándalo más grande de la región y muchas investigaciones relacionadas en otros países (incluyendo Panamá) aún sin concluir. Es la sede del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, la única división de una corporación multinacional cuyo único propósito o razón de ser, fue canalizar sobornos. ¿No debería ser procesado aquel que intenta desmantelar una investigación semejante? ¿O acaso el significado de corrupción cambió oficialmente en Brasil? Si Bolsonaro simplemente concluyó que, en su opinión, Brasil ya no tenía motivos para investigar, recordemos que negar la existencia del coroanvirus y la necesidad de adoptar medidas de prevención, como aquellas recomendadas por la OMS, también eran parte de sus genialidades.