El pasado miércoles, el presidente Cortizo sancionó la ley “de violencia política” que, aunque tiene un título genérico, se enfoca en casi todos sus artículos a la violencia política “contra la mujer”. Algunas de las manifestaciones descritas como de violencia política -como la muerte, la agresión física, la amenaza o la anulación del voto- ya son conductas castigadas en la legislación panameña. La norma también considera violencia política contra la mujer: “difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre a las mujeres o a cualquier otra persona en ejercicio de sus derechos políticos o de sus funciones públicas, con base en estereotipos, con el objetivo de menoscabar su imagen pública y/o limitar o anular sus derechos políticos, con información personal y/o familiar que afecten su imagen y su vida privada”. En esa categoría de afrenta podría calificar hasta un meme. Ya lo dijo en una ocasión la diputada Yanibel Ábrego, cuando defendió esta norma en la Asamblea. “Sería formidable evitar los ataques de los medios de comunicación. Aquí, las glosas y caricaturas ponen a una mujer… y, ¿quién sale a defender eso? Todo eso es violencia política”. Cabe preguntarse, ¿esta ley fue elaborada para atender algún interés personal? Las mujeres han librado batallas muy importantes en la reivindicación de su rol como ciudadanas. Ese objetivo, por más plausible que sea, no debe ser excusa para llevar las cosas de lo sublime a lo ridículo.
LA COVID-19, los huracanes, la Asamblea, Trump… son -entre otros- temas que han trastocado nuestras prioridades en las últimas semanas, poniendo también a prueba nuestra memoria ciudadana. Esta semana, a pesar de que se mencionaba el ingreso de pacientes de coronavirus a Amador, nadie pareció recordar que el hospital modular se encuentra armado sobre un terreno que no pertenece al Estado, sino a la sociedad Inmobiliaria Albrook, S.A. Es innegable que el aporte de ese terreno ha prestado un importante servicio en la atención de las necesidades de la población afectada por la enfermedad, pero no es menos cierto que el plazo del contrato por el uso de ese espacio y la prórroga prevista en él, sumaban 180 días calendario, contados a partir del 20 de marzo de 2020. Ya van 254 días. Tener estas cosas en orden hoy, evitará los señalamientos de mañana.
ESTA SEMANA, el Consejo de Gabinete aprobó una resolución que autoriza un crédito al presupuesto general del Estado de la vigencia fiscal 2020, por $380.4 millones, para financiar cuentas por pagar de vigencia expirada y otros compromisos pendientes de pago de 13 instituciones del Estado. La fuente de esa línea de crédito será el BNP, principalmente. Eso, si no es frontalmente violatorio de las normas de responsabilidad social fiscal, al menos riñe con su espíritu. Si hay alguna ley que diga cómo se financian estas cosas cuando el Estado no ha recaudado lo que necesita, lo menos que podía hacer el Gabinete es explicarlo.