Cuando todos nos indignábamos por la deshonrosa calificación de Panamá en dos listas de evaluación internacionales -la del Instituto Lowy de Australia, sobre el manejo de la pandemia, y la de Transparencia Internacional, sobre percepción de la corrupción-, el presidente Laurentino Cortizo compartió una serie de reflexiones de diversa índole sobre ambos temas, pero sin atacar el problema.
En un conversatorio con periodistas en la comarca Ngäbe Buglé, Cortizo dijo no entender por qué Panamá fue mal calificada por el instituto australiano. “Personalmente, siento que lo que hemos hecho como país ha sido bien importante, especialmente en la cantidad y en el porcentaje de pruebas que se han realizado, en comparación con otros países”, expresó, y destacó las atenciones brindadas por todo el personal de salud en las estructuras existentes y habilitadas por el gobierno, en los 10 meses de pandemia. Aquí habría que coincidir con el presidente en la importancia que atribuye al personal, pero sería justo decir que se queda corto si no dice que buena parte lo hace sin recibir sus emolumentos a tiempo, a diferencia de funcionarios de su administración que, sin trabajar, han cobrado puntualmente durante el mismo periodo. Igualmente, adelantó que ya recibió el informe y la “auditoría privada” de los recursos que ha manejado el Ministerio de la Presidencia, de lo que casi nada se sabe hasta ahora, pese a que en abril, el viceministro Carlos García prometió que todos los miércoles informaría al país sobre estos gastos.
Cortizo también se refirió a la “trasparencia” en la gestión de la pandemia, afirmando que su administración no acepta a funcionarios corruptos. Esto no lo tiene que decir el presidente: eso lo prohíbe la ley. Acto seguido, invitó a los periodistas que tengan información de actos de corrupción, a presentar denuncias con pruebas, porque -según él- “lo peor que podemos hacer en este país es estar denunciando sin pruebas… Y yo les quiero decir: ojo con el tema de jugar con la reputación de la gente, porque al final nos hacemos daño a nosotros mismos”.
A menos que las reformas constitucionales ya se hubieran dado y no nos hayamos enterado, el responsable de buscar las pruebas en las investigaciones por corrupción contra ciudadanos comunes y corrientes, es el Ministerio Público. Contra el presidente y los magistrados, las deben buscar los diputados. Y contra estos últimos, parece que nadie, porque precisamente lo que invita a hacer el presidente ya se ha hecho aquí y, como vimos hace dos semanas en el caso de los fondos de Pandeportes gestionados por diputados, ni con pruebas sucede nada. Definitivamente, esta afirmación del presidente habría sido más constructiva si la acompaña con ejemplos de lo que se ha hecho al respecto, en año y medio de gobierno. Hay que predicar con el ejemplo.