Cerebro. Todos tenemos uno. Pero eso no nos convierte en expertos en asuntos relacionados con su salud y mucho menos en políticas públicas asociadas a la salud mental. Y esta semana, con las sobradas inconsistencias en el manejo del proyecto de ley 314, los diputados han hecho gala de ello. Como si el documento tuviera personalidades múltiples, ha sido aprobado tres veces en segundo debate en lo que va del mes de febrero y ahí sigue, porque habrá que darle segundo debate una cuarta vez, y quién quita que también una quinta y sexta, mientras persista el alocado enfrentamiento entre psiquiatras y psicólogos sobre quién tiene o no idoneidad para expedir certificados de salud mental.
El 14 de abril de 2020, cuando los diputados Gabriel Silva, Raúl Fernández y Bernardino González presentaron el proyecto original, este no mencionaba siquiera los certificados de salud mental. Fue el 21 de septiembre de 2020, cuando la Asamblea discutió por primera vez el tema en segundo debate, que un diputado (a), cuyo nombre aún no ha trascendido, introdujo un artículo para prohibir que los certificados de salud mental fueran exigidos como requisito para acceder a una plaza de trabajo o a un centro educativo. Esa iniciativa fue entonces celebrada por la Sociedad Panameña de Psiquiatría, por considerar que de ese modo se frenaría “el uso indiscriminado” de los referidos certificados. El Minsa, por su parte, protestó porque consideró inconveniente la prohibición de una “herramienta de gran valor para evitar situaciones de riesgo”, razón por la que -entre otras consideraciones- el presidente Cortizo vetó el proyecto.
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Cuando la iniciativa vetada fue devuelta a la Asamblea, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social acogió las objeciones de Cortizo y acordó que el Minsa establecería los protocolos para las evaluaciones de salud y las certificaciones de salud mental, “que en todos los casos serán hechas por psiquiatras idóneos del sistema público o privado”. Los psicólogos reaccionaron virulentamente y en un episodio freudiano, alegaron sentirse “discriminados”. Este combate entre profesionales es lo que tiene ahora al proyecto de ley viviendo una suerte de trastorno maníaco-depresivo que lo mantiene anclado en segundo debate: el 2 de febrero, fue aprobado indicando que los únicos idóneos eran los psiquiatras; el 4 de febrero, agregaron que los psicólogos también; el 10 de febrero, excluyeron nuevamente a los psicólogos, y ahora ya les prometieron a éstos últimos que serán incluidos nuevamente, en un cuarto (¿o era quinto?) segundo debate, cuya fecha no ha sido establecida aún. La situación ha llevado a Silva a exclamar que sería más conveniente eliminar el artículo de la discordia, a fin de liberarlo de la camisa de fuerza que lo ha inmovilizado.
El rumbo sicotrópico que ha tenido ese proyecto, por la forma en que ha sido manejado, es clara muestra de que no está listo para convertirse en ley de la República. Lo más prudente sería remitirlo nuevamente a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social (o probablemente a una subcomisión), sentar a todas las partes involucradas y que quede debidamente documentada la posición de cada una de ellas, para que al final, quienes decidan el texto definitivo de esa norma, no lo hagan con el mismo criterio que emplearían para establecer el próximo día del tamal de olla o del festival nacional de alguna fruta.