Todo lo que puede salir mal, saldrá mal. Esta frase atribuida al ingeniero aeroespacial Edward Murphy fue acuñada hace más de 40 años como una de las famosas leyes de Murphy. Pero no se necesita ser un profesional en alguna ciencia compleja para saber que en Panamá somos tan especiales, que todo lo que puede salir mal, sale peor. ¿Por qué el escándalo de la Senniaf habría de ser una excepción, si tiene los mejores ingredientes para crear una tormenta perfecta? Combina un problema social muy sensible, la inacción de varias administraciones sucesivas del Estado, el abuso de derechos de menores de edad, directores efímeros, reacomodos, acuerdos políticos y, ahora, se añade una historia de intrigas alrededor de una renuncia que, aunque tuvo las consecuencias previsibles, súbitamente dejó de ser renuncia. Todo esto coronado con una buena dosis de silencio oficial.
MAYRA SILVERA asumió como directora de la Senniaf el 2 de febrero y una semana después, la comisión legislativa de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia reveló al país un extenso informe sobre abusos en albergues de protección. La única orden que alcanzó a decirle el presidente Cortizo a la nueva directora, fue que se constituyera en querellante ante el Ministerio Público, cosa que hizo diligentemente. De pronto, luego de un mes de haber tomado posesión del cargo, firmó su carta de renuncia (una nota escueta que, según ha explicado, le prepararon en la Presidencia), pese a que ella misma contó que seis días antes llevó otra carta de dimisión -una de su propia inspiración- y no se la aceptaron. Pero (en una suerte de receso de obra de teatro, pero al revés), lo más importante parece haber pasado tras bastidores, entre una y otra carta de renuncia, porque el 1 de marzo, mientras contrataba personal para reforzar su equipo de trabajo, Silvera redactó una nota, que dirigió a María Inés Castillo, ministra del Mides y presidenta de la junta directiva de la Senniaf, en la que recomendaba “despolitizar urgentemente” la institución y reveló las insólitas situaciones que encontró a su paso, como donaciones a albergues sin sustento, la existencia de una partida para subsidios sin ningún respaldo, la falta de seguimiento a los expedientes y la ausencia de inventarios y auditorías de toda índole.
Qué raro no supiera de todo este desgreño, si en ese puesto la recomendó nada menos que Carla García, subdirectora de Senniaf hasta febrero pasado y hoy gobernadora de la provincia de Panamá. Silvera dice ahora que ni siquiera encontró un registro para corroborar la identidad de los menores en albergues o logró que su firma fuera registrada como representante legal de la entidad, algo que para ella, habida cuenta de las circunstancias, ahora podría ser una ventaja. Por su parte, a pesar de que el asesor presidencial Rafael Mezquita reconoció esta semana que hay una ausencia de “voceros políticos” en el debate nacional y personalmente se comprometió a presentar los argumentos del Órgano Ejecutivo, éste todavía no explica qué fue lo que pasó. Esa falta de congruencia es lo que lleva a la población a preguntarse si este gobierno está esperando que el disgusto ciudadano se diluya por cansancio o que se convierta en una protesta de dimensiones épicas.