Algunas mentes rígidas se toman muy literalmente las cosas. Por ejemplo, si no ven la palabra “médico” o la expresión “profesional de la medicina” en el nombre “examen de certificación básica en medicina”, no son capaces de entender que este se refiera a una prueba de los conocimientos mínimos que un galeno debe tener para ejercer su profesión. Para ellos, con ese examen bien podrían ser evaluados los conocimientos de aquella abuelita que nos “receta” un caldo de pollo o un té de ajo con limón y miel, ya que esa sabiduría bien podría tener mucho de básica y algo de medicinal. Entonces, si queremos presumir la buena fe de las luminarias que impulsaron la nefasta Resolución 1 del 3 de marzo de 2021 del Minsa y promueven en la Asamblea el proyecto de ley 525, tendríamos que creer que son víctimas de su rigidez intelectual y que jamás han querido ensañarse contra un requisito clave para adjudicar las plazas de internado con base en méritos propios, en lugar de hacerlo por favoritismo y tráfico de influencias. Pero justificar esos intentos de desmejorar la calidad académica de los estudiantes de medicina, aludiendo al villano de moda, o sea, la Covid-19, hace muy difícil concederles el beneficio de la duda.
UNO DE los proponentes del proyecto 525 es el diputado Crispiano Adames. Entre sus novelescos argumentos está el de la existencia de “privilegios” de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá (UP), porque, según Adames, éstos se preparan con dos meses de anticipación y, el día del examen, se acomodan todos juntos en un aula, mientras que el resto –los pobres estudiantes de las facultades privadas o universidades extranjeras– acuden como “gallineta ciega”. Ya decía George Orwell que todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros, porque, de no ser por la gravedad del tema, resulta hilarante escuchar a un diputado denunciando “privilegios”.
“Y NO es por mi hija… –agregó Adames en su defensa del proyecto–. Yo tengo las condiciones para que ella pueda estudiar en otro lugar si quisiera”. ¿Alguno de sus asesores le habrá dicho a este médico-diputado-padre que no fuera proponente de una iniciativa como esa y que por lo menos habilitara a su suplente para esa discusión? ¿Habrá que exigir a los diputados que pasen un examen de certificación básica en prevención del conflicto de interés? Es una lástima que la actuación de un padre con responsabilidades legislativas haya puesto a su hija en boca de todos.
Y MIENTRAS Adames pedía que “levantara la mano o tirara la primera piedra aquel que nunca haya fracasado en un examen”, en el exterior de la Asamblea, los propios estudiantes, enfundados en sus batas blancas, marchaban en contra del proyecto 525 y pedían a gritos la derogatoria de la Resolución 1. Y aunque ayer la detestable resolución fue dejada sin efecto por el Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina –sesionando con sus tres nuevos integrantes–, no se puede ignorar el hecho de que 42 gremios médicos del país y hasta el propio presidente de la República se contaban entre sus detractores. El decano de la Facultad de Medicina de la UP, Enrique Mendoza, no solo la adversó públicamente, sino que contó que la facultad, la Comisión Interinstitucional y la Comisión Nacional de Docencia de Médicos Residentes e Internos habían recibido presiones del Minsa, y acusó directamente a Alessandro Ganci, asesor del ministro de Salud, quien el viernes pasado estuvo en la Asamblea, con motivo del proyecto de ley 525. Ganci ha dicho que la nueva ponderación es necesaria para asegurar que se llenen unas 200 plazas. Según Mendoza, la semana pasada Ganci amenazó que si no se bajaba el puntaje mínimo del examen de certificación, se suspendía el examen convocado para el viernes 5 de marzo. Ese mismo día, se publicó en Gaceta Oficial la referida resolución y entró en vigencia a partir de ese momento. En el camino, destituyeron a la presidenta de la Comisión Nacional de Docencia. Ahora la pregunta es, ¿qué sucede con los estudiantes que hicieron la prueba, casualmente, el mismo día que entró en vigor la infame Resolución 1? ¿Se les reconocerá el 34.5% como puntaje mínimo de aprobación? ¿Entonará este mismo diputado su cántico de “privilegios”?
