Antes de irse de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado (suplente) Wilfredo Sáenz puso a circular un proyecto de fallo (en el que no admite unas causales y ordena la corrección de otras) de los tres recursos de casación promovidos por los fiscales y los querellantes, contra la decisión de tres jueces de declarar “no culpable” a Ricardo Martinelli, por los pinchazos. Ahora, la nueva ponente es María Eugenia López Arias. ¿Qué irá a hacer? ¿Se irá a sumar a la obra de arte abstracto que dejó Sáenz? ¿O le dará unas cuentas pinceladas de su propia inspiración?
EL DÍA de las últimas elecciones del Colegio de Abogados, la diputada Zulay Rodríguez estaba en la puerta de la sede del gremio recibiendo a sus colegas electores, para convencerlos de votar por la nómina dorada, encabezada por Juan Carlos Araúz. Ahora que Araúz es presidente de ese colectivo profesional, emitió un comunicado donde, arropado con la posición que ahora detenta, hace un alegato velado a favor de su exactivista. ¿Estarán los abogados de acuerdo con que los diputados graduados en Derecho ejerzan ante los mismos tribunales que ellos, pero protegidos con el influyente blindaje legislativo? ¿Cómo puede un abogado común y corriente litigar contra otro al que le toca juzgar o exculpar a los nueve superiores jerárquicos de los tribunales de todo el país?
A PROPÓSITO de Zulay, la comisión legislativa de la Mujer, que ella preside, prepara una propuesta para modificar la Ley 82 de 2013, que adopta medidas de prevención y sanciona los hechos de violencia contra la mujer. Según una nota de prensa de la Asamblea, la propuesta pretende “que se respete a la mujer en el ámbito de la política”, ya que -como señala la diputada, siempre según el comunicado oficial- la “mujer política” es sometida a vejaciones, chantajes y calumnias “por el hecho de género”. Si tanto le preocupa la violencia, debería estar buscando que se proteja a mujeres -y hombres también- contra las agresiones verbales perpetradas por diputados y diputadas desde sus curules. Debería existir el delito de peculado de lengua para ese uso de recursos estatales.
PARECE QUE a Nadia Del Río todavía le falta aprender conceptos como transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas. Como si fuese un secreto de Estado, no quería responder cuánto gana como “asistente ejecutiva del presidente de la República”, cuando fue a la Comisión de Credenciales para ser ratificada como integrante de la junta directiva del Banco Hipotecario (ya está en las del Registro Público y la Agencia Panama Pacífico). El diputado Juan Diego Vásquez tuvo que preguntarle en tres ocasiones cuál es su salario en la Presidencia. Primero, Del Río quiso saber por qué su salario es información “relevante”; luego, dijo que estaba en el nodo de transparencia, y finalmente, respondió -entre risas- que $6 mil al mes. Debería ser inconstitucional acaparar simultáneamente tantos puestos.
