Es común que en procesos penales, las partes pongan en marcha toda clase de estrategias dirigidas a ganar tiempo. Hay fiscales, por un lado, que apelan a la declaratoria de causa compleja para extender en lo posible los plazos de la investigación o echan mano de medidas cautelares personales que, por su duración, se convierten en virtuales condenas. Los defensores técnicos, por su parte, intentan dilatar los procesos penales con cambios repentinos de abogados al inicio o en algún momento crítico del juicio, o simplemente apareciendo con un certificado de incapacidad médica que presuntamente les impide comparecer en persona. También es frecuente el uso de un rosario de maniobras y recursos (de casación, de nulidad, de inconstitucionalidad, entre otros), todos destinados a consumir tiempo en forma innecesaria, con el ánimo de postergar o impedir la resolución judicial del conflicto, mientras el hastío lleva a las víctimas (o sus cónyugues y demás familiares…) a desistir de su pretensión, sobreviene un cambio “favorable” en el escenario político o prescribe la acción penal.
En la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, parece que alguien ha decidido cambiar esta rutina, porque en las últimas semanas hemos visto cómo se han designado defensores de oficio para que actúen en varios procesos importantes sobre presunta corrupción, blanqueo de capitales y delincuencia organizada, en caso que la defensa técnica particular, por alguna razón, no se llegara a presentar en la sala de audiencia. En el caso Blue Apple, cuya audiencia preliminar inició el pasado jueves, se nombraron abogados públicos (principales y suplentes) para las 51 personas llamadas por la fiscalía. Lo mismo ocurrió en dos procesos programados ligados a la casa de valores Financial Pacific y a la firma Mossack Fonseca, donde hay 18 y 55 investigados, respectivamente. La audiencia preliminar del primero será del 13 al 14 de septiembre de 2021 y la del segundo, del 10 de septiembre al 22 de octubre del mismo año. Con tanto abogado junto, será difícil que no se tropiecen en los pasillos del Teatro Balboa o de Plaza Ágora. A Ricardo Martinelli, por su parte, también se le asignaron dos abogados de oficio, después que el juicio por presunto espionaje político no pudo empezar en la fecha originalmente acordada, porque (entre otras razones) aunque el expresidente tiene un ejército de abogados particulares a su disposición, en determinado momento solo una abogada del equipo legal figuraba como su única defensora en el expediente y ella presentó ese día un certificado de incapacidad médica, por una supuesta molestia en un diente. Lástima que a los jueces no se les ocurriera hacer antes estas designaciones. Se habrían podido ahorrar años de dilaciones. En vista de los acontecimientos en fechas recientes, habrá que ver si la futura estrategia de las defensas incluye al doctor Kravcio o alguno de los galenos que comparten su “especialidad”. Después de todo, el cuerpo humano tiene 206 huesos y, a razón de uno por mes, superan con creces las excusas necesarias para sumir en la prescripción cualquiera de esos casos.
