El presupuesto de funcionamiento de la Asamblea Nacional para el próximo año no tiene sustento en el mundo real. Están pidiendo $135.5 millones -de los cuales, $126.5 millones son para planillas, dietas, carros, etc.- o sea, 26.5% más que este año y 40% más que lo destinado en 2019. Es como si, en pandemia, un hada madrina vistiera de gala a estos cenicientos para que vayan a un baile real en lujosos carruajes tirados por sus parientes y manzanillos convertidos en corceles, pero, después de la medianoche de año nuevo, no dejan ni un zapato.
El presupuesto de 2022 equivale a $11.2 millones al mes, a pesar de que sus funcionarios más costosos trabajan cuando les da la gana y los que sí asisten van cuatro días a la semana, si acaso; además, dedican cuatro meses del año a “recesos” y en el último Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, conducido en 13 países, recibieron un puntaje de 35.2% (en una tabla en la que 0 es lo más opaco y 100, lo más transparente), una de las peores calificaciones, sólo por encima de Honduras, Bolivia y Venezuela. ¿Sus méritos? La falta de transparencia y acceso a la información y la ausencia de auditorías, controles, concursos de personal, registro de cabilderos, mecanismos genuinos de participación y estándares de gobernanza.
Como si fuera poco, su Comisión de Presupuesto se ha convertido en algo así como una gran alcantarilla colectora. Si allí se tranca la sustentación del presupuesto de las entidades del Estado, lo que debió fluir inundará el sistema, como aguas servidas desbordadas, así que a sus miembros hay que complacerlos en lo que se les antoje (es la única dependencia oficial en la que hemos escuchado, descaradamente, la pregunta “¿qué hay pa’ mí?”). Y no parece haber nadie con la voluntad política o el músculo suficiente para acabar con sus prácticas parasitarias. Es precisamente allí donde hemos visto los últimos eventos escandalosos. Quizás el doctor Crispiano Adames debería recetar un ansiolítico a Raúl Pineda, porque después del altercado con Edison Broce, coprotagonizó otro con Iván Eskildsen, solo porque, cuando otros diputados preguntaron quién fue el proponente de la Ley 122 de 2019, sobre incentivos fiscales a la industria turística, el administrador de la ATP identificó a Pineda. El aludido, que recién se había calmado después de ofrecer disculpas a Broce, entonces se alborotó otra vez, calificando a Eskildsen de ser el peor ministro de la historia y acusándolo de haberle solicitado a él, hace dos años, que presentara un proyecto semejante a la actual Ley 122. Si esa ley era tan buena cuando Pineda la propuso, ¿por qué habría de molestarse con Eskildsen? ¿Acaso hay algo que no nos han contado?
Por cierto, Eskildsen estaba en la comisión, sustentando el presupuesto de la ATP para 2022: $34.8 millones. Esa es la partida risible asignada a la entidad que debe responder por la reactivación de toda una industria. Si Eskildsen logra un ejercicio medianamente satisfactorio con esos $34.8 millones, deberían ponerlo a él y su equipo en la Asamblea, y nos ahorramos $100 millones.
