Como ocurre cada cinco años, la Asamblea se prepara para deformar las propuestas consensuadas por la Comisión Nacional de Reformas Electorales. A estas alturas, el cuestionamiento ciudadano no debe ser por qué pasa esto, sino a quién benefician esas decisiones. ¿A la clase política? Si ya los partidos políticos están representados en la CNRE. Entonces, ¿a quién responden estas camisas a la medida? Eso es lo que tiene que preguntarse la población, porque aquel que manipula el sistema electoral cuando se hacen las modificaciones es el que más adelante va a presentar su candidatura y defraudar al país. Manipulan el sistema para que las reglas operen a su favor. Un ejemplo: ¿a qué candidato interesado en una postulación presidencial en el 2024 le interesa que no bajen los topes de las donaciones de campaña, si, a la larga, los topes son iguales para todos? Solo al que le sobra la plata.
Hasta ahora, las reformas han sobrevivido la primera escaramuza y se logró aprobar la prohibición contenida en el proyecto de ley original, respecto al financiamiento privado: no podrán donar personas y empresas “condenadas con sentencia ejecutoriada”, por delitos de corrupción, narcotráfico, minería y tala ilegal, trata de personas, lavado de dinero y terrorismo. Hubo un intento de la bancada oficialista (en alianza con CD) de excluir de esa prohibición a aquellos que ya hubiesen cumplido sus condenas o con acuerdos de pena. En medio de una de las peores olas de asesinatos y asaltos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico, tenemos a diputados haciendo los obituarios de capos pandilleros, pidiendo que revoquen el acceso a sus historiales policivos y, ahora también, reclamando que los dejen patrocinar las campañas electorales. ¿Qué más van a pedir? ¿Que los postulemos a la Asamblea? Esto es la antítesis de lo que la sociedad panameña debería estar buscando en circunstancias como estas. Es como pretender curarse de una enfermedad sin tomar medicinas y haciendo todas esas actividades que ya se sabe que van a exponer al contagio. La Asamblea se ha convertido en una oficina de defensa del crimen organizado. Si están abogando por los criminales desde ya, ¿qué va a pasar cuando lleguen al artículo que propone la eliminación del fuero penal electoral?
Ahora, los diputados se preparan para discutir el segundo bloque del proyecto, donde se regula la adjudicación de curules en circuitos plurinominales; en otras palabras, cómo se decide quién se lleva la curul. Estas reglas son las que llevan a la Asamblea a diputados que, sin haber contado con la mayoría de votos, justifican medidas a favor de delincuentes, basados en argumentos como “la corrupción está en todos lados”. Así llega a ser presidente de la Asamblea uno que, aritméticamente, ni siquiera tuvo los votos. Está ahí gracias a un sistema que otorga curules a candidatos que no representa a la mayoría de los electores, sino al reparto de los intereses de los partidos y otros grupos de poder. Eso, en estos tiempos, parece no excluir al crimen y no debe seguir pasando. Habrá quien diga que eliminar eso atenta con la distribución equitativa de curules. Pero, ¿qué ha traído esa distribución? Presupuestos absurdos, batazos, planillas de seudo promotores, botellazos, desacatos a inspecciones y auditorías… Entonces, ¿para qué seguir defendiendo un sistema que lo único que ha demostrado, es que es disfuncional? Es hora de probar otra cosa.
