El resultado de las elecciones debe reflejar la voluntad mayoritaria de los votantes. Por ello, es razonable esperar que las normas que las rigen sean muy equitativas y de aplicación eminentemente general. Sin embargo, cada vez que la Asamblea Nacional ha debatido reformas al Código Electoral, vemos a los diputados tratando de sacar ventajas para ellos o sus intereses, sin importar si, al hacerlo, crean o mejoran las condiciones para los actos de corrupción. Entonces, mucho menos les importa si, en el afán de acomodarse, se incurre en una violación deliberada de fallos de la Corte Suprema de Justicia.
El artículo 243 del Código Electoral permite la inhabilitación de precandidatos y candidatos que participen en eventos de inauguración de obras o actividades financiadas con fondos públicos. Recientemente, en la comisión legislativa de Gobierno, diputados oficialistas apoyados por los de CD, agregaron a ese artículo la expresión: “se exceptúan a los que ejercen cargos de elección popular”. Los promotores de esa adición no son otra cosa, sino sus potenciales beneficiarios, porque son funcionarios en cargos de elección popular que pueden intentar reelegirse en mayo de 2024, así que lo que en verdad intentan, es crear un doble estándar que imponga una prohibición a sus adversarios, pero a ellos no. El tono inmoral de esta modificación lo acentúa el hecho de que la misma frase que agregaron, ya fue declarada inconstitucional por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (mediante fallo del 9 de febrero de 2018), cuando fue introducida al Código Electoral, a través de las reformas aprobadas el 29 de mayo de 2017. El empleo de la misma expresión es evidencia de su repudio a la Constitución que están obligados a cumplir, y de su desprecio a la sentencia de la Corte y la institucionalidad democrática del país. Pero lo hacen porque si alguien vuelve a demandar esa frase ante la Corte, de todas formas podrán asistir a todas las inauguraciones de obras estatales que se les antoje, mientras se decide el caso. Un patético ejemplo de lo que nos esperaría, en caso de que aprueben esto, nos lo ha traído esta semana el mismísimo presidente de la Comisión de Gobierno, Víctor Castillo.
Este diputado acudió el pasado lunes al acto de entrega de la orden de proceder para la construcción del centro deportivo de El Charcón, en Juan Díaz. La obra, de $256 mil, es financiada por el Dirección de Asistencia Social (DAS) del Ministerio de la Presidencia, pero Castillo no tuvo reparo en acaparar el acto con cámaras, pancartas, drones, personal de la Asamblea y algunos electores de ese circuito. La obra debe ser entregada en 210 días calendarios, es decir, en abril de 2022, así que probablemente el diputado ya está preparando lo que hará el día de su inauguración. No sería extraño que se aparezca con una de esas ambulancias compradas por el Estado, a las que les pintan un rótulo que dice “donada por el diputado tal”.
