La alteración de actas y el robo de urnas son historia. Ahora, aquí se fraguan los fraudes electorales con normas hechas a la medida, que limitan la participación equitativa y garantizan beneficios electorales indebidos a ciertos candidatos, sobre todo de partidos políticos mayoritarios. Lo sucedido esta semana quizá sea el preludio del primer fraude electoral de origen legislativo en la historia de Panamá.
La Comisión de Gobierno de la Asamblea finalmente aprobó en primer debate las reformas al Código Electoral. Hizo múltiples modificaciones al proyecto de ley original, consensuado por la Comisión Nacional de Reformas Electorales, a pesar de que el Tribunal Electoral advirtió que la mayoría de esos cambios representan un retroceso. De nada sirvió, incluso, que miembros de esa misma comisión legislativa señalaran violaciones flagrantes al reglamento interno de la Asamblea. Si el fantasma de toda elección es la trampa, ¿qué podemos esperar de los próximos comicios, ante lo aprobado? ¿Cómo seguir confiando a rufianes el diseño final de las normas que definen la forma en que se ha de elegir a los que gobiernen este país? Si nos engañan al establecer las reglas del juego, ¿por qué no lo harán para ganar unas elecciones? Lo ocurrido esta semana no debe ser visto como un hecho aislado: nos están avisando, con tres años de anticipación, que el refrán que dice “hecha la ley, hecha la trampa” ya habrá quedado obsoleto el día de la elección. Entonces nos daremos cuenta de que, para ellos, todo se resume ahora en “hacer la ley, para hacer la trampa”.
Como la propuesta consensuada en la CNRE para adjudicar las curules en los circuitos plurinominales no cabía en esa suerte de camisa a la medida, le metieron tijera -a la propuesta, por supuesto; no a su camisa- para mantener así la misma fórmula del cociente, medio cociente y residuo. Actualmente, el mapa electoral se divide en 39 circuitos: 26 uninominales y 13 plurinominales. En estos últimos salen 45 diputados. Aunque el residuo se remonta a la elección de 1984, el sistema de adjudicación actual tiene su origen en las reformas de 1993 y fue aprobado por los 29 diputados que en aquella época tenía el PDC (hoy Popular) y otros del Molirena, apoyados por el PRD, que entonces tenía una bancada de 9 diputados. La mayoría votó a favor, creyendo que les beneficiaría, pero en realidad acabó favoreciendo a los partidos más grandes y mejor organizados. Esta tabla, a la que se aferran con vehemencia los diputados, es la que en la última elección sacó a flote a Crispiano Adames, Bolota Salazar, Abel Becker, Néstor Guardia, Roberto Ábrego, Leandro Ávila y Víctor Castillo, del PRD; a cuatro de los cinco diputados del Molirena (Miguel Fanovich, Pancho Alemán, Corina Cano y Tito Rodríguez); a Alaín Cedeño, de CD, y a Pedro Torres, del Panameñista. Los 13 salieron con residuo. Benicio Robinson, en tanto, le debe su curul a la figura del cociente. Los resultados de semejante fórmula hablan por sí solos. Ya es hora de darle un poder unitario al voto de cada ciudadano e impedir que los votos de unos cuantos valgan más que los de otros, y que exista la posibilidad de que un mismo voto sea contado más de una vez.
