“Todo lo que puede ir mal, irá mal”, es el famoso proverbio de Edward Murphy, ingeniero aeroespacial nacido en la Zona del Canal, no muy lejos de nuestra Asamblea Nacional. Irónicamente, esa entidad es la prueba de su afirmación, ya que siempre anda mal y cada día es más costosa e inoperante. Sus diputados sesionan cuatro días a la semana, ocho meses al año; en teoría, unos 138 días, menos el par de semanas que desperdician durante los feriados de carnavales, Semana Santa y las fiestas patrias, en las que desaparecen por 10 días, como ocurrió ahora. Eso, sin tomar en cuenta el tiempo que dedican a denigrar a los ciudadanos que pagan sus jugosos y mal ganados salarios. Y da lo mismo que vayan a las sesiones o no, ya que no les descuentan las ausencias. Además, sus honorables no tocan las curules en mayo, junio, noviembre y diciembre, porque están en “receso”. Pero, como todo lo hacen a la carrera y a escondidas, ninguno de esos abundantes asuetos altera las consecuencias de su pobre trabajo legislativo. Para colmo, su presupuesto es como una mentira mal contada. El de este año, por ejemplo, arrancó con $107 millones; en marzo lo habían aumentado a $142.2 millones, y lo último que se sabe es que en septiembre ya iba por $178.1 millones. O sea que, en nueve meses de una época de contención del gasto público por la pandemia, lo inflaron con $71.1 millones más. Y como todo lo malo puede ser peor, nueve de cada 10 de esos dólares se va en “funcionamiento”, o sea, en planillas secretas, promotores deportivos, viáticos, flotas vehiculares, boquitas y pautas publicitarias, entre otros. En 2022, el cuento de su presupuesto comenzará en $141 millones. A ese ritmo, si repiten su hazaña de prosperidad financiera, el otro año podrían terminar manejando más de $200 millones. No es por gusto que esa es la única entidad del Estado en la que sus funcionarios preguntan descaradamente: “¿qué hay pa’ mí?
ESTA semana, el Departamento de Comercio de Estados Unidos incluyó a NSO, fabricante del software de espionaje Pegasus, en la lista de empresas que suponen una amenaza a la seguridad nacional. “Estas herramientas han permitido a gobiernos extranjeros aplicar represión transnacional, que es la práctica de gobiernos autoritarios para seguir a disidentes, periodistas y activistas fuera de sus fronteras, para silenciar la disidencia”, señala el Departamento de Comercio en un comunicado. No es casualidad que el gobierno de Martinelli haya adquirido licencias de Pegasus, por $8 millones, para uso del Consejo de Seguridad Nacional (CSN). Esa compra la habría pagado Caribbean Holding, una sociedad ligada a Aaron Mizrachi, cuñado de Martinelli, pero se desconoce en qué manos quedó ese software (al igual que el otro sistema espía que ese gobierno compró a la también israelí MLM Protection, por $13.4 millones). La última vez que se sabe que esa licencia de Pegasus operó fue el 16 de mayo de 2014. En las investigaciones del caso pinchazos hay declaraciones de funcionarios de la época que aseguran que el equipo que procesaba el programa fue trasladado desde las instalaciones del CSN hasta las oficinas de ya saben quién, en Monte Oscuro. Pero, mientras en Estados Unidos se aplican sanciones, en Panamá se exime a los responsables, ya que los delitos de peculado por el uso y pérdida de los sistemas espías no fueron incluidos en el juicio actual a Martinelli. ¿Será que el monte del cerro Ancón es más oscuro que el de Río Abajo?
