La transformación es una constante en nuestro mundo. Tan solo el viernes pasado vimos cómo un triunfo holgado de la selección de Honduras ante Panamá desapareció en 8 minutos, convirtiendo las recriminaciones derrotistas de muchos panameños en elogios después del partido. Después de que el juego termina, es interesante ver las jugadas de gol. Algo así sucede con el caso pinchazos. El 9 de noviembre, tres juezas absolvieron a Ricardo Martinelli, tras concluir que no se demostró que las órdenes para interceptar las comunicaciones y dar seguimiento a 150 “objetivos” las haya dado él. Estas juezas comparten características preocupantes en un funcionario cuya independencia debe estar garantizada. Las tres son juezas desde el 1 de agosto de 2016; sus nombramientos son de carácter “eventual” y, después de cinco años, lo siguen siendo. Sus designaciones son violatorias de la Ley 53 de 2015, que creó la carrera judicial. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) reconoció que la escogencia fue de a dedo, pero culpó a la falta de fondos. No obstante, un año antes, el MEF le había aprobado $10 millones, precisamente para realizar convocatorias, entrevistas, evaluaciones y otros procedimientos necesarios para implementar la carrera judicial. La CSJ dijo que usó la plata para sufragar salarios en el SPA. Es conocido que la falta de permanencia de los jueces socava su independencia y promueve las oportunidades para el soborno, la extorsión y el chantaje. En esas circunstancias, fue absuelto Martinelli.
Tanto en el proceso a Martinelli como en el juego Panamá-Honduras, el resultado previsible no fue congruente con lo sucedido la mayor parte del tiempo: el cambio de la ley del CSN para que dependiera exclusivamente de él; jactarse de que tenía el “dossier” de todo Panamá y que se iba a “divertir” al dejar el poder; su salida del país en forma subrepticia; la condena de dos exjefes del CSN, por estos mismos hechos; la declaración de exfuncionarios de que equipos para espiar fueron trasladados a las oficinas del Super 99; los acuerdos extrajudiciales con cuatro querellantes, y que afirmara que no tenía nada que ver con los espionajes, pero que no negara que sí ocurrieron, son algunos ejemplos. También llama la atención que en Miami, el 31 de agosto de 2017, en un fallo de 93 páginas, el juez Edwin Torres avaló su extradición por considerar que existían “motivos razonables para suponer que [Martinelli] es culpable de todos o algunos de los delitos imputados”. Torres declaró que los argumentos de la defensa no eran “convincentes” o carecían de mérito. “Siguen existiendo indicios de fiabilidad en este expediente de que Martinelli pudo haber cometido los delitos imputados, dadas todas las pruebas presentadas”, escribió el juez. “Hay causa probable, pese a las inconsistencias y discrepancias de algunos documentos en la solicitud [de extradición]”, agregó. En ese fallo, Torres también decía que “hay suficiente evidencia circunstancial para determinar que hay causa probable de que Martinelli malversó los equipos de MLM y Pegasus”. Si uno ve lo manifestado por el juez Torres y la absolución del acusado Martinelli, pareciera que se estuviera hablando de dos casos distintos. Entonces, ¿qué sucedió en el medio tiempo? La lectura de la sentencia será el 24 de noviembre. Cuando los panameños conozcamos su contenido íntegro, sería bueno preguntarnos: ¿se hizo justicia o solo se alcanzó una decisión judicial?
