Luego de al menos 87 asesinatos entre el pasado viernes 25 y el domingo 27 de marzo, y con la suspensión de garantías constitucionales por 30 días prorrogables, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, enfrenta la peor crisis de su mandato, con la única ventaja de que en su país ya la oposición política es invisible.
Los hechos
La ola de asesinatos que aterrorizó a El Salvador el fin de semana pasado empezó con las acciones de sicariato en las zonas urbanas y rurales del país, el viernes 25. A diferencia de otras ocasiones, la ola de asesinatos iba dirigida a ultimar agricultores, albañiles, estudiantes, oficinistas, panaderos y hasta policías civiles. Estas víctimas tenían en común que carecían de historial policivo o vinculación conocida con la delincuencia. Según informó el diario El País de España, el mensaje era muy directo contra el gobierno de Bukele.
De acuerdo con la especialista Jeannette Aguilar, experta en temas de seguridad, según registra el medio La Prensa Gráfica, las iniciativas de seguridad del gobierno de Bukele no habían funcionado. Otros especialistas entrevistados por los medios locales coincidieron en que se había roto la tregua entre el gobierno salvadoreño y las maras.
Entre la excepción y el poder de las maras
El domingo 27 de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó abrumadoramente, con los votos del partido Nuevas Ideas, del presidente Bukele, y los de casi toda la pequeña oposición salvadoreña, un decreto legislativo para suspender cuatro garantías constitucionales: la libertad de asociación, el derecho a defensa, la prohibición de intervenir el correo y las telecomunicaciones, y la limitación de los arrestos administrativos a 72 horas, permitiendo que se extiendan hasta 15 días.
Como reacción a lo decidido por la Asamblea Legislativa, y para enfrentar los más de mil 400 arrestos efectuados, el lunes 28 de marzo la Corte Suprema de Justicia salvadoreña designó 10 jueces para que se dedicaran a atender los casos de los nuevos detenidos.
Este conjunto de acciones y el autoritarismo con el cual el mandatario Bukele respondió a la situación, llevaron a la comunidad internacional a criticar duramente estas acciones. Por ejemplo, el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Paulo Abrao escribió en sus redes sociales: “Populismo penal: Ilegalidades para enfrentar ilegalidades. Barbaries para enfrentar barbaries. Resultado Final: + ciclo de violencia para todos”.
A este planteamiento, el presidente Bukele respondió con el suyo propio en sus redes sociales: “Ustedes en la OEA y la CIDH fueron los que patrocinaron la ‘Tregua’ que solo fortaleció a las pandillas y les permitió acumular recursos, dinero, armamento y les permitió entrenarse en los polígonos de tiro del ejército para matar salvadoreños. Llévense su peste de nuestro país”. La afirmación del mandatario le endilgaba a la comunidad internacional la responsabilidad por un componente esencial de su propia estrategia de gobierno: la negociación secreta con las maras.
En diciembre del año 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos altos funcionarios del gobierno de Bukele por sus negociaciones con las organizaciones criminales que tienen azotado a El Salvador. Los funcionarios Osiris Luna Meza, viceministro de Gobierno y director general de Cárceles; al igual que Carlos Amilcar Marroquín Chica, director de Reconstrucción del Tejido Social de la Presidencia, fueron sancionados económicamente por el gobierno estadounidense, según informó el diario El País de España.
Una respuesta machista
En el campo de batalla de las redes sociales salvadoreñas, parece que al menos el presidente Bukele va ganando. Uno de sus comentarios más leídos, de acuerdo con los medios salvadoreños, fue: “A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL: Tenemos 70 mil pandilleros aún en las calles. Vengan por ellos, llévenselos a sus países, sáquenlos de esta ‘persecución dictatorial y autoritaria’. Ustedes pueden ayudar a estos angelitos, no permitan que les sigamos violando sus derechos”.
En otro hilo de trinos el mandatario explicó a las pandillas que: “Tenemos 16 mil homeboys [integrantes de pandillas] en nuestro poder, aparte de los mil arrestados en estos días [...] Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir, además les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol”.
En todo el mes de febrero de 2022, El Salvador, un país de 6.5 millones de habitantes, registró 79 asesinatos. Mientras que en un solo fin de semana, del pasado viernes 25 al domingo 27 de marzo, se confirmaron 87 homicidios. Esta no fue la primera ola de asesinatos en el gobierno de Bukele. En un fin de semana de noviembre de 2021, se registraron 46 en 3 días. Mientras que en abril de 2020 también ocurrió una ola de decenas de muertos. Según los analistas entrevistados por los medios salvadoreños, todas estas olas coinciden con rupturas a la tregua entre el gobierno y las pandillas, usualmente causadas por la presión de las pandillas para obtener beneficios penitenciarios y en sus procesos judiciales.
De acuerdo con el portal insightcrime.org, el analista Tiziano Breda, de International Crisis Group, explicó: “Las pandillas usan su capacidad de alterar los índices de violencia para presionar al gobierno para que cumpla ciertas demandas”.
Otros analistas citados por el portal señalan que lo peculiar de este caso es que la matanza del fin de semana pasado puede haber sido resultado de un movimiento de pandilleros “rasos”, quienes exigen que los beneficios que se concedan a las pandillas por el sistema penitenciario y los tribunales salvadoreños no sean únicamente para los pandilleros con rango, sino también para los soldados de calle.
La tarea incompleta de la democracia
Los medios salvadoreños informan que desde el año 2012 se vienen desarrollando negociaciones secretas entre los distintos gobiernos de turno y la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18. Esto fue el resultado de una década de políticas de “Mano Dura” y “Súper Mano Dura”, que enfrentaron a la policía salvadoreña contra las maras, militarizaron el combate contra el crimen organizado y llenaron las cárceles salvadoreñas de pandilleros sin futuro. En el año 2009, El Salvador tuvo la tasa de homicidios más alta del mundo: 71.16 casos por cada 100 mil habitantes. La espiral de la violencia inspiró las negociaciones.
Para efectos prácticos, el presidente Bukele tiene control de todos los poderes públicos en su país. Con la justificación de la ola de muertes, el pueblo salvadoreño le ha dado su voto de confianza al populismo y al punitivismo del mandatario. La oposición política dejó de existir luego de tres gobiernos mediocres embarrados en casos de corrupción y que dejaron altos índices de violencia. La principal promesa electoral de Bukele fue acabar con esa violencia.
La llegada de Bukele al poder en 2019 representó una mezcla de esperanza y fantasía política sobre el rescate del Estado y el desarrollo salvadoreño. Algunos analistas de ese ́país señalaron que del emblemático “Plan de Control Territorial” de Bukele, con el cual se pretendía quitarle dominio territorial a las maras, solo quedaron palabras al viento.
Una parte de las naciones de América Latina se encuentra en la condición de “Estados capturados”. Estos son países en los que un segmento de la élite empresarial, junto con una casta política y las redes del crimen organizado, controlan importantes instituciones públicas y deciden la suerte de la acción estatal en temas estratégicos. De allí a la condición de “Estado fallido” solo hay un paso. Esa es la batalla que vive El Salvador actualmente y es la enfermedad que Panamá debe evitar saneando el sistema judicial, mejorando la presencia del Estado en todo el territorio del país y combatiendo la impunidad a todos los niveles. El Salvador nos dice a gritos lo que pasa cuando es muy tarde.
