Un político de Costa Rica que demandó a Panamá por más de $80 millones ahora podría enfrentar la justicia panameña por posible evasión fiscal.
Se trata del ex candidato presidencial tico Antonio Álvarez Desanti, quien admitió que los montos de compra de cuatro fincas en Bocas del Toro, a nombre de la sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral (Decsa), que él preside, fueron alterados.
El político interpuso sus reclamos ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, aunque este organismo se declaró sin jurisdicción para procesar su demanda. Y fue ante los árbitros que Álvarez Desanti admitió que “el precio de venta que consta en las escrituras públicas [de las fincas que compró] no es el real”.
Contactado por La Prensa, confirmó que “los compradores pusieron un precio menor al real (en las escrituras que aparecen en el Registro Público)”, pero se desligó de la irregular transacción asegurando que la compraventa de las cuatro fincas que posee fue antes de adquirir las acciones de Decsa.
Una fuente oficial reveló que se estarían elaborando acciones legales contra los responsables de una posible evasión fiscal y de los delitos de falsedad de documentos públicos y estafa.
Antecedentes
Como se ha dicho, Álvarez Desanti exige a Panamá que acepte la ubicación de dos de sus cuatro fincas. Y es que Panamá, tras ubicar las fincas según los planos provistos por Decsa, advirtió que esas dos propiedades están ubicadas en Bocas del Toro y no en el humedal Damani-Guariviara, localizado en la comarca Ngäbe Buglé, donde el político pretende desarrollar un proyecto hotelero.
En un peritaje efectuado en septiembre pasado por los árbitros del Ciadi en la zona, se determinó que las dos fincas en reclamo están a 64 kilómetros y 45 kilómetros de distancia cada una de donde el político reclama su ubicación.
Álvarez Desanti y la abogada Evisilda Martínez firmaron una promesa de compraventa de las fincas antes de que se instauraran procesos de prescripción adquisitiva de dominio de todas las fincas adquiridas por el político
Los rápidos procesos de prescripción terminaron en sentencias favorables para los reclamantes, que vendieron de inmediato a Decsa.
La negociación de las tierras con Martínez se inició en julio de 2009, dos meses después de haber visitado los terrenos, confirmó Alonso Arroyo (q.e.p.d.), abogado del político costarricense en 2013.
Las primeras 485 hectáreas, de las 685 que adquirió Decsa, fueron pagadas a un promedio de entre 2 y 3 centavos el metro cuadrado.
Inacción
Los árbitros cuestionaron que, a pesar de que Panamá denunció ante ese tribunal los acelerados procesos de prescripción, así como los pagos ilegales a particulares y funcionarios en la venta de tierras, no ha presentado “ninguna querella viva contra los demandantes” (es decir, Álvarez Desanti) y los funcionarios involucrados.
Durante la audiencia en el Ciadi, el tribunal advirtió que los entonces jueces Manuel García y Vilma Bryan y los peritos que participaron en los procesos de prescripción adquisitiva de las fincas “estaban trabajando en el Estado”. (García –que era funcionario en la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati)– se separó del cargo en 2016).
A su vez, Álvarez Desanti también fue cuestionado sobre la desproporción existente entre el pago de $200 mil que recibieron los indígenas por las fincas y los $3.6 millones que él pagó por las mismas tierras a Martínez, la abogada que negoció las tierras con Álvarez Desanti.
Posible nulidad
De comprobarse que la venta de las fincas a Decsa fue por un monto inferior al ofertado a la comarca en primera opción –como establece la ley comarcal– se podría decretar la nulidad de la venta de las tierras a Decsa.
En el Registro Público constan las escrituras de venta de las fincas a Decsa. Lo que está declarado en las escrituras suma un total de $197 mil, pero el político declaró ante el Ciadi que pagó más de $500 mil (ver tabla).
A pesar de los documentos que reposan en el Registro Público, Álvarez Desanti aseguró que pagaron más por las fincas. No obstante, durante el proceso, los árbitros no pudieron confirmar esa afirmación.
Señalaron que las copias de cheques que los demandantes aportaron al proceso a nombre de los vendedores de las fincas carecían –en su mayoría– de la explicación sobre el motivo del pago.
El político costarricense, creyendo justificarse, admitió que “sí, fue una mala costumbre en nuestros países que las ventas se reportaban por precios menores”, pero ahora, por temas bancarios, se hacen por el valor real.
Más adelante, Álvarez Desanti se contradijo: “nuestra compra sí fue por el valor real, y así consta en la escritura, y nosotros pagamos todos los impuestos correspondientes a nuestra transacción”, aunque no reveló a qué escritura se refería.
Se intentó conocer qué acciones legales articulará el Gobierno, pero la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, no respondió las interrogantes de este medio.
No obstante, Álvarez Desanti advirtió que él sí continuará con sus reclamaciones económicas contra Panamá ante las instancias que sean necesarias.
Reacciones
Dirigentes de la comarca Ngäbe Buglé aseguraron que no permitirán que les quiten sus terrenos, por lo que piden la intervención de las autoridades.
El abogado indígena Jairo Sam indicó que “si ellos (Álvarez Desanti y sus socios) intentan entrar, el pueblo estará esperándolos”.
Coincidió con el dirigente Gerardo Tugrí, quien dijo que “el pueblo fue engañado por bandidos que se aprovecharon de la necesidad del pueblo, pero estamos contentos por esta victoria”.
