Después de cuatro días de alegatos entre representantes de la Fiscalía Anticorrupción de Descarga y abogados de los 51 imputados en el caso Blue Apple, la titular del Juzgado Tercero Liquidador Causas Penales, Baloisa Marquínez, se acogió al plazo de 30 días que le otorga la ley para decidir si llama a juicio o sobresee a los involucrados en el proceso, que guarda relación con el supuesto pago de sobornos por parte de contratistas del Estado a funcionarios y particulares en el quinquenio 2009-2014.
Ayer, en la última jornada de la audiencia, expuso sus alegatos el abogado Luis Eduardo Camacho González, que representa a Ricardo Alberto Martinelli Linares.
Delitos señalados
La Fiscalía Anticorrupción de Descarga solicitó al Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales el llamamiento a juicio de 51 implicados, entre exfuncionarios y particulares, por la supuesta comisión de los delitos de corrupción de servidores públicos, blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir y delito contra la fe pública.
Según Camacho González, en el expediente no consta vinculación o pagos dados por empresas a su cliente.
Por su parte, Carlos Carrillo, abogado de Luis Enrique Martinelli Linares, dijo que este es accionista minoritario de una empresa de energía eléctrica y que la fiscalía no investigó al resto de los miembros de la junta directiva de dicha empresa.
Los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli están presos en Guatemala, pedidos en extradición por Estados Unidos.
Al culminar la audiencia en el Teatro Balboa, Carrillo dijo a los medios de comunicación que el juzgado tendrá que otorgarle sobreseimiento a su cliente, porque no tiene relación con los fondos que se están investigando.
Entretanto, el fiscal Adecio Mojica aseguró que las pruebas contenidas en los 351 tomos del expediente establecen la clara vinculación de los imputados con los hechos e ilícitos investigados, por lo que la jueza Marquínez debe llamar a juicio a los 51 imputados, tal como lo solicitó la fiscalía.
“Es un expediente robusto y completo, que establece cómo se dio el entramado y utilización de sociedades y sistemas bancarios para el lavado de activos, con delito precedente de corrupción”, afirmó.
