PROCESO

Caso de las juntas comunales lleva nueve meses paralizado

Caso de las juntas comunales lleva nueve meses paralizado
La Contraloría entregó las auditorías al Ministerio Público el 27 de febrero de 2018. Archivo

Nueve meses paralizado cumplió la semana pasada el proceso que sigue la Fiscalía Anticorrupción de Descarga por presuntas anomalías en el manejo de, al menos, $247 millones transferidos por diputados a juntas comunales entre 2009 y 2014.

Fuentes vinculadas con las investigaciones del caso informaron que la paralización del proceso obedece a que el Segundo Tribunal Superior Penal no ha resuelto un recurso de apelación interpuesto el 27 de febrero pasado por una de las personas investigadas por el Ministerio Público debido a las supuestas irregularidades.

Dicha apelación guarda relación con la decisión tomada –también el 27 de febrero pasado– por el juez quinto de lo penal, Enrique Paniza, de declarar el proceso como causa compleja y otorgarle un año más a la Fiscalía Anticorrupción de Descarga para culminar la investigación.

En su fallo, el juez Paniza concluyó que la solicitud formulada por la fiscalía cumplía los requisitos establecidos en la Ley 121 de 31 de diciembre de 2013, que aterriza en sus 52 artículos los mandatos de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional o convención de Palermo e integra la experiencia panameña en materia del combate a los delitos graves; es decir, aquellos que implican la participación de un grupo organizado en cualquier conducta de los 22 tipos penales: desde tráfico de drogas hasta peculado.

Hasta ahora, el fiscal a cargo del proceso, Adecio Mojica, ha ordenado la indagatoria de 18 personas, a quienes acusa de la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.

Este proceso se inició el 13 de junio de 2014, a partir de información divulgada por La Prensa. Sin embargo, ante la demora de las auditorías de la Contraloría General de la República, el juzgado decretó un sobreseimiento provisional el 10 de mayo de 2017.

Más tarde, el 27 de febrero de 2018, la Contraloría entregó al Ministerio Público las auditorías, y el juzgado ordenó la reapertura del proceso el 3 de agosto de ese mismo año.

El Juzgado Quinto Penal y la Fiscalía Anticorrupción de Descarga conocen lo relacionado con el manejo de fondos a través de 29 juntas comunales situadas en el Primer Distrito Judicial, que incluye Panamá y Darién. El proceso a los 18 imputados en este caso se lleva de acuerdo con las reglas del sistema penal inquisitivo.

En tanto la Fiscalía Anticorrupción investiga anomalías en el manejo de fondos a través de otras 157 juntas comunales y municipios, aunque de acuerdo con las reglas del sistema penal acusatorio. Por este proceso, no hay imputados.

En las auditorías, la Contraloría encontró, entre otras irregularidades, facturas falsas y documentos alterados. También advirtió el manejo de por lo menos 20 millones de dólares sin sustentación alguna.

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