El caso de corrupción de la brasileña Odebrecht que involucra a los últimos tres gobiernos de Perú sería mayor al que afectó a la gestión del expresidente Alberto Fujimori, quien está preso por corrupción y abusos a los derechos humanos, dijo el fiscal general del país.
Pablo Sánchez sostuvo ayer que hay muchas personas involucradas que tienen “temor” a las revelaciones de las investigaciones y pidió paciencia porque su despacho trabaja duramente para capturar un “pez gordo” del caso.
“Es un caso bastante grande, me atrevo a decir que es un caso mayor al que hemos conocido antes, en donde mucha gente debe estar involucrada”, dijo Sánchez a periodistas.
Perú sufrió el mayor escándalo de corrupción de su historia a fines del siglo pasado, que involucró a funcionarios de alto nivel, empresarios de medios de comunicación, jueces y militares, lo que derivó en la destitución del mandatario Fujimori.
Odebrecht, la mayor constructora de América Latina, admitió a fines del año pasado que pagó unos 29 millones de dólares en sobornos para ganar obras públicas en Perú entre 2005 y 2014, periodo que comprende los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
Los expresidentes García y Toledo han negado cualquier participación en los esquemas de corrupción de Odebrecht.
En tanto Humala, que ha negado acusaciones de lavado de activos por presuntamente recibir irregularmente dinero de firmas brasileñas para su campaña, no ha hecho ningún comentario público desde que Odebrecht reconoció la entrega de sobornos.
A inicios de este año la fiscalía peruana firmó un acuerdo preliminar con Odebrecht para obtener información sobre el sistema de sobornos en el país y los nombres de los involucrados.
“No todo llega de golpe, estamos logrando información de a poco, no es fácil investigar; deben entender que quizás lograr, como dicen algunos, capturar un pez gordo, pues es complicado, pero vamos a llegar a ello, paciencia”, dijo Sánchez.
SUPERVIVENCIA
Entre tanto, Odebrecht lucha por sobrevivir, enfrentada a lo que considera posturas radicales en su contra que podrían amenazar su capacidad para pagar deudas y desarrollar proyectos, dijo un alto ejecutivo de la empresa.
Mauricio Cruz, el nuevo presidente de Odebrecht Latinvest, la unidad encargada de las inversiones en América Latina, dijo el martes en una entrevista a Reuters, que la compañía enfrenta un “máximo estrés” por grupos que demandan la salida de la empresa de Perú.
“Ningún proyecto en Brasil y Estados Unidos fue paralizado, ninguna concesión o ningún negocio fue obligado a ser vendido y la empresa ha mantenido el derecho de sobrevivir, de existir, de seguir trabajando, para pagar sus obligaciones”, sostuvo Cruz.
“Estamos luchando para sobrevivir y curarnos de esta enfermedad”, agregó el presidente de la filial, que tiene su sede en la capital peruana.
Odebrecht está involucrado en el mayor escándalo por sobornos en Brasil y requiere vender activos para reducir sus abultadas deudas. Según el ejecutivo, deben pagar 2 mil 100 millones de dólares en 20 años a Brasil, Estados Unidos y Suiza.
Van dos arrestados por soborno
Las autoridades peruanas detuvieron a un funcionario del gobierno del expresidente Alan García vinculado con el pago de sobornos por parte de la brasileña Odebrecht para adjudicarse la construcción del metro de Lima. La fiscalía informó en su cuenta oficial de Twitter la detención de Miguel Navarro, relacionado con un soborno de 8.1 millones que Odebrecht admitió haber pagado como parte de un acuerdo con la justicia local. La fiscalía afirmó que Navarro está relacionado con otro funcionario también detenido y con un exviceministro que se encuentra prófugo. Los tres fueron miembros del gobierno de García (2006-2011) y asesores en temas de infraestructura cuando el exmandatario se postuló sin éxito a la presidencia en 2016. En diciembre el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Odebrecht reconoció haber pagado 29 millones de dólares a funcionarios peruanos para lograr diversos contratos de obras públicas por 143 millones. Los pagos se hicieron durante los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García y Ollanta Humala (2011-2016). La constructora brasileña también confesó haber hecho pagos ilegales en otros nueve países de Latinoamérica y dos de África.