La decisión del tribunal de juicio de cambiar la detención provisional del expresidente Ricardo Martinelli, al cumplirse un año calendario de esta medida cautelar, ha generado cierto interés de saber si la detención provisional en el caso de los pinchazos hubiese tenido otro destino de haberse invocado la Ley 121 del año 2013, que regula el delito de delincuencia organizada y el tratamiento procesal de los delitos complejos.
En el artículo 8 de esta norma se establece que la detención provisional se puede extender hasta cuatro años en los casos de delincuencia organizada o delitos complejos.La respuesta a este cuestionamiento no es tan simple, debido a que hay varios factores a considerar.
Quizás el aspecto más importante es que al expresidente de la República se le investigó de acuerdo con las reglas de los juicios especiales del Código Procesal Penal, que en el año 2015 establecían un término de investigación de solo dos meses. El entonces fiscal, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Harry Díaz, no consideró necesario pedir una prórroga o solicitar la declaración de causa compleja del caso de los pinchazos.
Esto no fue solo el proceder del magistrado Díaz, ya que en los demás casos que conoció la Corte Suprema de Justicia se trató de respetar el término de la investigación establecido para las causas contra los diputados de la República.
En uno solo de los casos, el magistrado Oydén Ortega interpuso una advertencia de inconstitucionalidad contra la norma que restringía el término de la investigación, obteniendo una decisión favorable de la Corte, que reconoció que los diputados están sujetos al término común de seis meses. Ninguno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que actuó como fiscal en los casos que involucraban al expresidente Martinelli pidió la declaración de causa compleja.
Para cuando el caso de los pinchazos concluyó su fase intermedia, y fue remitido por el pleno de la Corte Suprema, al declinar su competencia en favor de la justicia ordinaria, el Ministerio Público recibió el caso con todas las pruebas previamente determinadas.
La razón principal para pedir una declaratoria de caso complejo es tener más tiempo para investigar el caso. Por lo que no era necesario pedir esta declaración, ya que estaba por iniciarse el juicio, y muy probablemente no se previó que tendría una duración tan larga. El caso de los pinchazos pudo ser calificado como complejo por la cantidad de víctimas, la multiplicidad de transacciones involucradas y la necesidad de realizar un proceso de extradición.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no tenían la experticia en este tipo de investigaciones ni la malicia para concebir la evolución que ha tenido este proceso. Sí queda claro una lección aprendida de esta causa, y es que la Corte Suprema de Justicia no puede ser un órgano responsable de investigación judicial.