En la vista fiscal que la la Fiscalía Tercera Anticorrupción remitió al Juzgado Decimocuarto Penal se encuentran los detalles del hecho que vinculó al abogado y periodista Ovin Julio Miller con el escándalo surgido por el fallido proyecto de riego de Tonosí.
A Miller se le imputaron cargos por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.
Todo se deriva de la indagatoria rendida por Vielka Rodríguez, empleada doméstica de Miller. Cuando la fiscal le preguntó por su vínculo con Hidalgo & Hidalgo (H&H), Rodríguez dijo que no tenía relación con la compañía. Entonces, le mostraron el cheque 0093 del 27 de octubre de 2012, por $20 mil, que H&H emitió a su nombre, y dijo que fue “un préstamo” que solicitó a su jefe para pagar los estudios de su hija Melisa Moreno en el Centro Tecnológico de Panamá. Narró, además, que su patrón le dijo que no contaba con efectivo, por lo que le propuso que le cambiara el cheque de $20 mil, producto de unas prestaciones laborales que le debían. Añadió que el préstamo fue por $10 mil y que fue utilizado para costear la mensualidad de $160, y $5 en pasajes diarios. Con los primeros $500 pagó la matrícula y luego [Miller] le entregó los $9 mil 500 restantes, los que depositó en una cuenta de la Caja de Ahorros.
Pero la fiscalía argumenta que se acreditó que Moreno inició estudios en mayo de 2012, “es decir, antes de la expedición del cheque”. “Además, la carrera no fue cancelada de inmediato, sino en letras del año 2012 al 2014”. Moore subraya que Julio Miller utilizó el nombre de su colaboradora para garantizarse la entrega de fondos “como consecuencia de delitos contra la administración pública”.
Dice también que el abogado admitió que el cheque fue expedido por sus servicios profesionales ligados a las relaciones públicas de la empresa, y por menciones en programas de radio y televisión, “tal como lo establece el contrato suscrito entre Corporación de Medios Digitales, S.A., y H&H”. Aportó grabaciones de la publicidad, entre otros. Sin embargo, los testimonios de Francisco Iturralde, coordinador general de la obra, y Sebastián Peralta, ingeniero residente del proyecto, lo contradicen.
Estas personas indicaron que “no recuerdan dichas menciones y propagandas”, y que antes de salir al aire esas piezas tenían que contar con su aprobación. También se halló una conversación vía chat entre el abogado y Porfirio Ellis, excandidato a diputado de Cambio Democrático, en la que, según la fiscalía, se ponían de acuerdo para planear una estrategia sobre el caso. “¿En qué medida debían estos imputados ponerse de acuerdo respecto a lo que debían declarar ante la fiscalía si se trataba de una relación jurídica lícita?”, se pregunta la fiscal.