Las respuestas políticas a las profundas demandas sociales que grita la calle en Chile avanzan con lentitud, 40 días después de un estallido que lejos de apaciguarse se multiplica con focos de violencia y huelgas.
Miles de personas marcharon en el marco de una huelga en diversas actividades productivas. La jornada empezó casi normal con tráfico en las vías, que siguen sin semáforos y con barricadas en algunos puntos.
En otro golpe a la actuación de las fuerzas del Estado en esta crisis, la organización Human Rights Watch (HRW) constató “graves” violaciones a los derechos humanos por parte de la policía y recomendó una reforma de la institución.
La oenegé recabó “centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos tales como golpizas brutales y abusos sexuales que no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas”, afirmó en rueda de prensa, José Vivanco, director de HRW para las Américas.
El gobierno de Sebastián Piñera, que rechazó la semana pasada el informe de Amnistía Internacional, que también denunció violaciones a los derechos humanos, valoró ayer el reporte y las recomendaciones de HRW.
En las calles del centro de Santiago se registraron choques entre encapuchados y policías.
Desde el inicio del estallido el 18 de octubre, los centros comerciales, casi plazas públicas para los chilenos, cierran más temprano debido a problemas del transporte público. En Santiago, donde viven unos 7 millones de habitantes, el metro tampoco ha recuperado su ritmo al 100%.
Las movilizaciones presionan al gobierno para que tome medidas rápidas, empezando por un aumento sustancial del salario mínimo, actualmente en unos 400 dólares. Los sindicatos reclaman que suban a al menos 500 mil pesos, es decir unos 660 dólares.
Toda salida política a la encrucijada chilena luce imposible en el clima de desorden público que sigue imperando más de un mes después del inicio de la crisis que ha dejado 23 muertos y más de mil heridos, entre ellos más de 200 con lesiones oculares por perdigones lanzados por las fuerzas de seguridad.
El histórico acuerdo para reemplazar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) arrancó optimismo hace poco más de una semana, pero las imágenes de barricadas nocturnas en vías públicas, los bloqueos en autopistas y saqueos en zonas comerciales de distintas ciudades del país opacan ese hito político.
“Si la autoridad quiere dar señales claras, entonces lo que esperamos es que haya una agenda social ambiciosa”, reclamó la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores Bárbara Figueroa.
