Desde 2009, cuando se inauguró la primera fase de la cinta costera, las áreas comerciales del sitio no han podido ser utilizadas, a pesar de que los visitantes se quejan por la falta de sanitarios, áreas adecuadas para la compra de alimentos y el desorden que hay en el lugar.
Luis Gómez, residente en el área de Punta Pacífica, manifestó que visita el lugar entre cuatro y cinco veces por semana y ha sido testigo de cómo el rompeolas y el muro que separa la bahía de Panamá del relleno realizado se han convertido en un gran baño público.
Otra queja de Gómez es el crecimiento sin control de puestos para la venta de todo tipo de alimentos, souvenirs, alquileres de bicicleta y patines.
Mientras que Elena Chávez, vecina del corregimiento de Calidonia, sostuvo que los pequeños comerciantes se han apoderado de la cinta costera sin la supervisión de las autoridades, provocando un gran desorden.
Tras una visita realizada el pasado miércoles, este medio pudo corroborar que en el área que va desde el Mercado del Marisco hasta el hotel Miramar son más de 150 las personas que comercializan sus productos en este espacio público.
En el lugar se aprecian máquinas para hacer palomitas y algodón de azúcar, parrillas para asar chorizos y arepas, carritos para la venta de paletas, helados y el popular raspao, además de licuadoras para la venta de batidos y jugos naturales, así como hieleras para el comercio de agua y soda, entre otros productos.
La mayoría de los dependientes de alimentos no portan el carné de salud a la vista y tampoco tienen sus zonas de despacho del producto bien limpias.
Chávez contó que durante los fines de semana es casi imposible ejercitarse en la cinta costera, porque el lugar está a tope por los vendedores, que se toman buena parte de las zonas “caminables” para ubicar sus equipos.
MOP RESPONDE
En esta primera fase de la obra, que tuvo un costo de 189.1 millones de dólares, se construyeron cinco gazebos o quioscos para negocios y baños, además de un edificio en el que se pretendía habilitar restaurantes.
Sin embargo, a más de siete años de haberse abierto al público el lugar, todas estas zonas se han mantenido cerradas.
En ese sentido, Estela De La Guardia, directora de Proyectos Especiales y secretaria general del Ministerio de Obras Públicas (MOP), indicó que ya se está trabajando en este tema.
Detalló que para poder hacer uso de estas zonas, el MOP ha tenido que realizar un levantamiento georreferenciado de cada una de estas estructuras para proceder a registrarlas, así como su globo de finca en la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati).
De La Guardia agregó que actualmente la Anati está en la verificación para el trámite de titulación a favor de la Nación, para uso y administración del MOP y que una vez estos trámites estén terminados podrán iniciar los actos públicos para darle uso a estos locales comerciales.
“Sin la legalización de estos globos de terreno, el MOP no puede iniciar ningún tipo de acto público”, señaló la funcionaria.
Respecto al tema de la buhonería, expresó que se estarán tomando medidas en conjunto con la Alcaldía de Panamá, el Ministerio de Salud y otras instituciones para que se ejecute lo que establece la normativa vigente.
Al consultar a la Anati del proceso que adelanta el MOP en esa institución, se informó que están tramitando la solicitud.
Precisaron que el trámite presentado por el MOP se inició con cinco solicitudes de gazebos, el 3 junio 2016 y posteriormente, el 27 de septiembre del mismo año, recibieron la solicitud de uso y administración de un globo de terreno ubicado en la cinta costera para uso de restaurante.
Aunque este proceso tarda en promedio dos meses, todavía no ha sido concluido, porque a los planos que envió Obras Públicas se les debían hacer algunas correcciones técnicas.
“Estamos a la espera de que [los planos] sean devueltos a nuestra institución y así seguir el trámite”, se manifestó desde la Anati.
ANTECEDENTES
La administración de todas estas zonas comerciales no ha escapado de la controversia que ha generado la construcción de la propia obra, edificada por la empresa brasileña Norberto Odebrecht.
Y es que durante la gestión del presidente Martín Torrijos, a pesar de haberse definido que la cinta costera debía ser cuidada por la compañía constructora, nunca se aclaró el tema de quién sería el responsable del manejo de estas zonas.
No fue sino hasta 2013, durante la gestión del entonces presidente Ricardo Martinelli, que se aprobó el Decreto Ejecutivo No. 471 de julio de 2013, que otorgaba de forma directa la explotación de estas áreas a la empresa Odebrecht.
En el decreto se establecía que los servicios de gestión asignados a Odebrecht tendrían un tiempo de duración de tres años y por estos el Estado panameño le pagaría el monto de 297 mil dólares.
No obstante, nunca se entregó la orden de proceder, por lo que en el año 2015, la presente administración, liderada por Juan Carlos Varela, decidió suspender el mencionado decreto.
En su momento, el actual ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena, explicó que la idea de derogar el decreto era buscar una mejor forma de administrar esos locales, ya que entidades como la Alcaldía de Panamá o el Despacho de la Primera Dama podrían encargarse de esa labor.
“Pienso que con esta decisión se le ahorra al Estado. Hay instituciones que pueden manejar esa zona”, dijo.
Ya han transcurrido dos años y medio del actual gobierno y aún el manejo de estas zonas comerciales continúa sin ser definido.
Para el exministro de Obras Públicas José Domínguez, “no hay excusas” para que este tema no haya sido resuelto.
Desde su punto de vista “no ha habido” el interés por parte de las autoridades de gobierno para garantizar a los visitantes de esta área pública las facilidades necesarias para poder disfrutar realmente del espacio.
La cinta costera se ha convertido en una amplia área pública que es visitada por un estimado de 3 mil personas en días hábiles y cerca de 10 mil los fines de semana.