El patriarca, Alberto Fujimori, está preso desde la semana pasada en una clínica de Lima, después de que la justicia anulara el indulto que lo había excarcelado en diciembre, cuando solo había pagado 10 de 25 años de cárcel que se le dieron por 25 asesinatos y 2 secuestros.
Ahora su hija mayor y heredera política, Keiko, también está presa, aunque de manera provisional y bajo cargos de lavado de activos y asociación para delinquir, derivados del supuesto manejo de dinero obtenido ilegalmente para su campaña presidencial de 2011, primera de dos en que participó.
Caída del padre impulsó a la hija
El apellido Fujimori, trasladado al Perú por un sastre japonés que inmigró en busca de mejor destino a comienzos del siglo XX, ha estado en los últimos años ligado al liderazgo político nacional, pero también a oscuros episodios de prácticas ilegales.
Tres hermanos de Fujimori padre, Juana, Rosa y Pedro, y el esposo de la primera, Víctor Aritomi, son prófugos de la justicia, que los reclama desde hace décadas por adueñarse de fondos que japoneses ricos enviaban al Perú, país por el que tenían simpatía por haber elegido a alguien de su sangre como presidente.
Aritomi y los Fujimori viven en Tokio al amparo de la nacionalidad japonesa, por lo que la justicia peruana no tiene esperanza de echarles mano para resolver el caso que puso por primera vez al descubierto los entretelones oscuros del clan.
La familia pasaba inadvertida hasta fines de la década de 1980, cuando Alberto era rector de una universidad estatal y presentaba en televisión un programa agrícola de mínima audiencia.
Circunstancias singulares permitieron que el desconocido “chino” llegara a presidente en 1990, sin tener claro qué tipo de gobierno haría ni cuáles serían sus líneas matrices en política y economía.
Pero aprendió rápido: en 1992, ya con ideas de extrema derecha lejanas del tímido centroizquierdismo de antes, dio un “autogolpe” de Estado y asumió poderes omnímodos.