El derecho al debido proceso, reestructurar la base de la representación política, robustecer la rendición de cuentas de altos cargos, fortalecer la independencia judicial, atenuar el poder presidencial y descartar un tribunal constitucional.
Son algunas recomendaciones de expertos constitucionalistas en momentos en que grupos gestionan la convocatoria de una constituyente paralela.
Las sugerencias fueron planteadas en el tercer día de la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresas (CADE) de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, que este año se llamó “Reimaginando Panamá, tareas pendientes”.
Adolfo Alvarado Velloso, exmagistrado judicial de Argentina y profesor de derecho procesal, recomendó a Panamá que si pretende reformar la carta magna incluya la cláusula del debido proceso con todo lo que implica.
Mientras que el abogado constitucionalista Jorge Giannareas desmontó algunos de los mitos sobre la constituyente. Uno de ellos: ¿es el momento adecuado?
Nueva disposición para recoger firmas
El Tribunal Electoral permitirá el uso de libros estacionarios como un nuevo mecanismo para recolectar firmas y convocar iniciativas ciudadanas, como el caso de la constituyente paralela que promueven varios grupos.
Debido proceso y justicia independiente, claves en una nueva ‘Constitución’
Una reforma constitucional o la actualización de esa norma debe estar dirigida a los aspectos sociales, económicos y políticos que generan la necesidad de que se produzcan cambios.
Esa es una de las conclusiones a las que llegaron dos expertos en temas constitucionales durante el tercer día de la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresas (CADE) de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, denominada “Reimaginando Panamá, tareas pendientes”.
Se trata de Adolfo Alvarado Velloso, exmagistrado judicial de Argentina y profesor de derecho procesal, y Jorge Giannareas, abogado constitucionalista y especialista en políticas públicas.
Los dos juristas hicieron recomendaciones de cara a la posible convocatoria a una constituyente paralela, iniciativa que empujan grupos de la sociedad civil organizada. Los dos abogados centraron sus opiniones sobre la base de si las reformas constitucionales son necesarias.
Independencia
Adolfo Alvarado Velloso hizo un breve planteamiento de lo que requiere la Constitución del país. Por ejemplo, explicó que al leer dicha norma observa que no se consagra como derecho humano a la libertad, lo que le permite al ciudadano, después del derecho a la vida, ser libre. Tampoco se establece el derecho al proceso, que nació siendo límite al poder.
Sobre este aspecto, dejó claro que quien dirige el proceso tiene que tener “imparcialidad”, que no solo se trata de no tener intereses en el pleito, en las personas que litigan o en la cosa litigiosa, sino de mantener independencia ante el “mandamás de turno”. Planteó que el país ha tenido una “extraordinaria juridicidad”, pero advirtió que hay incoherencia en la normativa interna, y eso se nota en la vida jurisprudencial: mucho de lo establecido en los códigos judiciales riñen con la Constitución.
Señaló que si hubiese una reforma a la carta magna, habría que unir fuerzas para la cláusula del debido proceso, que no contiene la Constitución actual. Hizo hincapié en que el país debe asegurar la independencia del “poder judicial” y mantener la periodicidad en la Corte, para que no exista la perpetuidad en los cargos.
Advirtió que “lo peor que le podría ocurrir al país es establecer un tribunal constitucional”, como lo han instaurado varios países. A su juicio, hay dos razones por lo que este sistema no es bueno. Uno, porque las sentencias de la Corte Suprema de Justicia son impugnables ante ese tribunal y con eso la Corte dejaría de ser “suprema”. Y segundo, es que la natural tendencia del tribunal es hacer lo que quiere con base en la “interpretación” de la Constitución.
“Interpretando la Constitución están legislando con carácter general. Es lo que está ocurriendo en Guatemala, en Colombia y en Perú. En este último se han inventado una jurisprudencia que se llama el precedente vinculante, que lo que dice el tribunal se debe cumplir en todo Perú (...)”.
Cambios enfocados
Jorge Giannareas también consideró que se requieren cambios en la Constitución, si se requiere atender problemas de institucionalidad. Pero, estas modificaciones deben estar focalizadas en los aspectos que están creando un descontento. Este “descontento” en Panamá, dijo, se refleja en estos aspectos: los intereses particulares que prevalecen sobre el interés público, mayorías desprotegidas, impunidad en el abuso en fondos públicos y poca efectividad de la justicia, así como en el déficit de racionalidad en la gestión pública. Con base en ese escenario, señaló aspectos en los que se requieren cambios: reestructurar las bases de la representación política, atenuar el poder presidencial, fortalecer la independencia judicial y robustecer la rendición de cuentas de altos cargos, entre otros.
Los mitos
Giannareas puso su mirada en el proceso rumbo a una constituyente y señaló que hay algunas “falacias” sobre el tema, las cuales son debatibles.
Expuso, por ejemplo, que nunca existirá un momento oportuno para convocar reformas. “Siempre va a haber razones” para posponerlas, y esto se ha visto desde 2004. Sobre si genera incertidumbre, manifestó: “lo que tenemos ahora no es certidumbre. La democracia siempre entraña una noción de incertidumbre”.
Con respecto a que podría afectar a la gestión pública, expresó: “una constituyente no se va a encargar del país”.
Sobre la premisa de que el gobierno cesará, manifestó que esto es parte de la “noción de caos” que promueven algunos grupos, y añadió que “la constituyente no tiene capacidad para destituir a nadie”.