Uno de los conflictos más crueles de América comenzó a extinguirse hace cinco años. Colombia recordó ayer el pacto de paz que hizo posible el desarme de la guerrilla de las FARC, con un encuentro entre protagonistas y críticos en presencia del jefe de la ONU.
Por primera vez coincidieron en un mismo escenario los firmantes de la paz, el secretario de la ONU, Antonio Guterres, representantes de las víctimas y el presidente Iván Duque, quien sin éxito trató de modificar el acuerdo por considerarlo benevolente con los guerrilleros implicados en delitos atroces.
La presencia del mandatario cargó de simbolismo el acto, que se llevó a cabo en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal que juzga los peores crímenes de un conflicto que en medio siglo deja nueve millones de víctimas, entre muertos, mutilados, secuestrados y desaparecidos.
“Insistimos en pedir perdón a las víctimas de nuestras acciones durante el conflicto, la compresión de su dolor crece a diario en nosotros y nos llena de aflicción y de vergüenza”, dijo Rodrigo Londoño, el excomandante de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
También conocido como Timochenko, Londoño renovó el compromiso de la gran mayoría de los 13 mil hombres y mujeres que permanecen fieles a los acuerdos de paz tras entregar los fusiles, y pese a la violencia contra los excombatientes. Casi 300 han sido asesinados desde 2016.
En su intervención, el expresidente Juan Manuel Santos, quien obtuvo el Premio Nobel de Paz por sentar en la mesa de negociaciones a una guerrilla a la que había golpeado militarmente, ofreció un balance “positivo”. “El tren de la paz que tantos y tantas han querido descarrilar o detener sigue su curso, sigue avanzando”, dijo Santos, antes de saludar con “satisfacción” el gesto de Duque, uno de sus mayores adversarios políticos.
Duque, a su vez, abogó por una “verdad total” y “no adaptada” para las víctimas. Mientras que Guterres volvió a advertir sobre los “riesgos para la paz” que encarnan 'los grupos armados en conexión con el narcotráfico”. “No es tarde para revertir esta tendencia concentrando todos los esfuerzos (...) en los lugares en donde la violencia es más intensa”.
El acuerdo permitió que las FARC entregara sus fusiles a cambio de ejercer la política. Asimismo, contiene reformas políticas y agrarias –pues la propiedad de la tierra estuvo en el origen de la guerra interna– y fórmulas contra el narcotráfico, que en teoría deberán terminar de concretarse hasta 2031.
Aunque redujo sensiblemente la violencia, no apagó por completo el conflicto. El narcotráfico y la minería ilegal alimentan a nuevas o antiguas fuerzas que, según estimaciones independientes, reúnen a unos 10 mil combatientes. En puntos alejados de las grandes capitales han sido asesinados excombatientes, indígenas y activistas de derechos humanos.
Y cinco años después, el acuerdo sigue siendo motivo de profunda división.
Blanco frecuente de las críticas de la derecha que representa Duque, la JEP prepara las primeras sentencias contra el antiguo mando rebelde por más de 21 mil secuestros. También juzga a militares por unas 6 mil 400 ejecuciones de civiles que fueron presentados como caídos en combate para inflar sus resultados en la lucha contraguerrillera.
