La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional acogió los sugerencias del presidente de la República, Laurentino Cortizo, sobre el veto al proyecto de ley 51 sobre la creación del Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales.
Los diputados que conforman esa instancia legislativa, dirigida por el perredista Víctor Castillo, recomendaron al pleno acoger las sugerencias del mandatario y darle segundo y tercer debate al proyecto.
El diputado Castillo dijo que el proyecto 51 tuvo mucho debate en la anterior comisión, pero se trata de una iniciativa de gran importancia para la ciudadanía.
“Tener un registro oficial de ofensores sexuales es importante para saber el entorno en el que nos desarrollamos”, dijo.
Cortizo objetó los artículos 8, 9, 10, 17 y 19 del proyecto 51.
Por ejemplo, planteó la corrección del numeral 3 del artículo 9, al señalar que no puede ser obligación del titular conservar la información del “Certificado de No Ofensor Sexual” para impedir su adulteración, pérdida, consulta o acceso no autorizado, sino que eso es una tarea de la DIJ, pues es el ente que resguardará la información, según detalla en otros artículo el proyecto 51.
En el artículo 9, que trata sobre las obligaciones que tiene quien esté incluido en el registro, Cortizo también señaló que solo se describen las obligaciones que recaen sobre el titular, pero no se expresa cuál será la sanción o consecuencia producto del incumplimiento de estas obligaciones.
Mesas técnicas
Por otro lado, el presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, acordó ayer con el Consejo Nacional de la Empresa Privada un convenio de colaboración por dos años para la instalación de mesas técnicas, que se encargarán de la revisión respectiva de los proyectos de ley que se encuentran en segundo debate de la agenda legislativa y que aborden temas sociales, económicos y políticos.
“Estamos prestos a distinguir una de nuestras funciones fundamentales, a parte de fiscalizar y desarrollar labores judiciales, que es estructurar las leyes con el consenso y el diálogo más amplio posible, con tolerancia y respeto”, dijo Adames.
El diputado perredista también manifestó que con este convenio “se amplía el rango de participación de diálogo, debate, tolerancia y entendimiento, indistintamente de las diferencias que nos acompañen”.
En tanto, el pleno, que estuvo dirigido por la primera vicepresidenta, la diputada Kayra Harding, aprobó ayer en segundo debate el proyecto de Ley 576, que establece la obligatoriedad del cumplimiento de las medidas de bioseguridad en todas las instalaciones de salud, así como el proyecto que modifica la ley de arrendamientos del país.
